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El ministro de Justicia y del Derecho de Colombia, Andrés Idárraga Franco, ha puesto en marcha una ofensiva institucional para combatir la extorsión y otras actividades ilícitas que se gestan dentro de los centros penitenciarios del país. Desde la cárcel La Modelo de Bogotá, el funcionario anunció oficialmente que esta misma semana comenzará el bloqueo de las señales de telefonía celular en tres de las principales prisiones: Cómbita, Valledupar y La Dorada. Esta medida, que busca neutralizar la coordinación delictiva de bandas al interior de los penales, responde a la preocupación persistente por el uso indebido de celulares que facilita delitos como la extorsión hacia la ciudadanía.
Durante la entrega de elementos de protección al cuerpo de vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), Idárraga enfatizó la urgencia de impedir que la tecnología sirva de herramienta criminal dentro de las cárceles. Según sus palabras, resulta inadmisible que existan excusas técnicas que permitan que Colombia sea, en su opinión, el único país donde los bloqueadores de señal no funcionan eficazmente para cortar las comunicaciones no autorizadas de los reclusos. El ministro fue enfático al declarar que no habrá más pretextos para justificar la falta de resultados en el combate contra la criminalidad en los establecimientos de reclusión.
Asimismo, Idárraga estableció una nueva política de vigilancia y control sobre los directores de los centros penitenciarios. Aseguró que cualquier responsable que permita irregularidades como fiestas, beneficios indebidos o fugas dentro de las prisiones será relevado inmediatamente de su cargo. Esta decisión refleja la intención del Gobierno Nacional de imponer una disciplina estricta dentro del sistema penitenciario para evitar la complicidad o negligencia que favorezca la corrupción y los excesos.
El ministro de Justicia también abordó la serie de atentados recientes que han tenido como objetivo a funcionarios del INPEC. Sostuvo que existe una relación directa entre la criminalidad gestada en las cárceles y los ataques perpetrados contra el personal fuera de estos espacios, lo que ha motivado la apertura de un canal de diálogo formal con los sindicatos de trabajadores penitenciarios. Este espacio de conversación tiene como finalidad entender a fondo sus necesidades de protección y buscar soluciones en conjunto que garanticen su seguridad.
No solo se implementarán bloqueos tecnológicos y controles disciplinarios más estrictos, sino que también el Gobierno está comprometido con la mejora de la infraestructura carcelaria. Estos trabajos apuntan a asegurar condiciones dignas tanto para los internos como para el personal encargado de su custodia. La reciente entrega de herramientas al equipo del INPEC representa un paso dentro de ese proceso. Idárraga insistió en que la recuperación de la confianza ciudadana en el sistema penitenciario pasa obligatoriamente por impedir el uso de celulares en las cárceles, ya que la continuación de esta práctica facilita la violencia y la delincuencia organizada y erosiona la percepción de seguridad y justicia entre la población.
¿Cómo funciona el bloqueo de señales celulares en las cárceles?
La pregunta acerca del funcionamiento de los bloqueadores de señales celulares adquiere una relevancia especial frente a la determinación anunciada por el Gobierno. En el contexto penitenciario colombiano, el uso de telefonía móvil por parte de los internos ha sido la principal vía para cometer delitos como la extorsión, por lo que la implementación de tecnologías para impedir su funcionamiento supone un cambio importante en la gestión carcelaria.
El bloqueo de señales celulares involucra la utilización de equipos electrónicos especializados que, según lo informado en el acto oficial por el ministro de Justicia y del Derecho, están calibrados para inutilizar las comunicaciones dentro de áreas específicas. Así, se busca garantizar que únicamente las autoridades penitenciarias y los mecanismos de emergencia puedan tener acceso a las redes móviles, sin interrumpir el resto de las actividades institucionales ni el derecho a la seguridad pública.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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