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Esta semana, la atención en la Corte Constitucional de Colombia se centrará en debates clave que tienen impacto nacional. Aunque muchos esperaban que el centro de discusión fuera la posible suspensión del decreto de emergencia económica declarado por el presidente Gustavo Petro en diciembre del año pasado, el primer tema en la agenda del miércoles abordará una cuestión diferente pero igualmente relevante: la demanda que impugna parte de la reforma tributaria de 2022. Este recurso, presentado ante el alto tribunal, cuestiona la constitucionalidad de un artículo de la Ley 2277 que, según sus críticos, perjudica directamente a la comunidad vegetariana del país por medio de cargas impositivas adicionales sobre alimentos habituales en su dieta. Dos actores institucionales influyentes ya se han manifestado al respecto: la Procuraduría, al igual que los demandantes, solicitó que la Corte Constitucional les conceda la razón. El proceso está en su fase final, a la espera únicamente de la votación en Sala Plena y el cierre definitivo del caso.
La demanda fue radicada en junio de 2024 y la autora es la senadora Andrea Padilla, miembro del partido Alianza Verde. Para la congresista, parte del artículo 54 de la mencionada reforma tributaria infringe los derechos de los colombianos que, por decisión personal o de convicción, siguen un régimen vegetariano. Andrea Padilla argumenta que el espíritu inicial de la ley era aumentar los impuestos a productos considerados nocivos para la salud, en un esfuerzo por modificar patrones de consumo y proteger a la población.
No obstante, el gobierno realizó excepciones importantes para ciertos alimentos tradicionales como el arequipe, el salchichón, la mortadela y la butifarra. Estos productos, de origen animal y parte de la cultura gastronómica nacional, quedaron exentos del impuesto saludable, lo que implicó una preferencia en el trato tributario. El problema señalado por la senadora surge porque no se otorgó el mismo beneficio a los equivalentes vegetarianos: dulces y embutidos de origen vegetal continuaron gravados, a pesar de que su función en la dieta es similar a la de los productos eximidos.
Esta exclusión, según la demanda y la posición de la Procuraduría, crea una situación de discriminación negativa para los vegetarianos, cuyas opciones alimentarias básicas resultan más costosas debido al nuevo esquema tributario. El caso resalta una discusión de fondo sobre la igualdad de trato en la política pública, bajo el contexto del auge de las dietas alternativas en Colombia y el derecho al libre acceso a una alimentación acorde a principios éticos y de salud personal.
La Corte Constitucional deberá decidir si el texto actual de la reforma respeta los derechos fundamentales de todos los consumidores o si resulta inequitativo para quienes han elegido dietas vegetarianas. El resultado de esta votación sentará un precedente importante respecto a la inclusión de minorías y la equidad en el ámbito fiscal y alimentario, marcando el futuro de regulaciones similares en el país.
¿Qué implica para la industria alimentaria vegetariana este debate sobre exenciones fiscales?
El análisis de la reforma tributaria y las posibles exenciones fiscales no solo afecta a los consumidores, sino también a los productores y comerciantes de alimentos vegetarianos. Dado que la competencia en el sector es cada vez más fuerte, cualquier diferencia en el tratamiento fiscal puede influir directamente en la oferta, el precio y la demanda de estos productos en el mercado nacional.
Adicionalmente, el desenlace del debate en la Corte Constitucional podría impulsar ajustes normativos que permitan un trato más igualitario y transparente entre productos de origen animal y vegetal. Ello sería fundamental para la consolidación de un entorno competitivo justo, en el que la industria vegetariana pueda desarrollarse en igualdad de condiciones y responder a la creciente demanda de opciones diferentes en la alimentación de los colombianos.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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