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El escándalo que surgió en torno al nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de juventudes del Ministerio de Igualdad, el cual se vio frustrado por supuestas irregularidades en la expedición de su título profesional, ha dado pie a una investigación más amplia que ahora sacude de nuevo al sector educativo colombiano. De acuerdo con recientes denuncias, lideradas por la representante Catherine Juvinao de la Alianza Verde y difundidas por EL COLOMBIANO, la Fundación de Educación Superior San José se encuentra en el centro de la polémica, acusada de haber expedido al menos 24 títulos profesionales presuntamente irregulares, un hallazgo que pone en entredicho no solo la validez de esos diplomas sino el funcionamiento mismo de los controles estatales.
Estos 24 egresados habrían accedido a contratos con 16 entidades estatales, por una suma superior a $1.100 millones, sin haber cumplido con los requisitos legales indispensables, como la presentación oportuna de la Prueba Saber Pro, evaluación clave para titularse en Colombia según la Ley 1324. Al respecto, Juvinao sostiene que en seis de los casos, la situación fue idéntica a la de Guerrero: las personas nunca realizaron la prueba pero recibieron el diploma. En otros 18 casos, la Fundación San José permitió la graduación de estudiantes que firmaron compromisos para presentar el examen después de recibir su título, incumpliendo así la normatividad vigente y generando diplomas inválidos.
El asunto cobra mayor gravedad al considerar que los diplomas, aun expedidos por una entidad privada, constituyen documentos públicos. La expedición indebida de estos títulos no solo constituye presunta falsedad en documento público sino que, de confirmarse, podría acarrear sanciones disciplinarias, fiscales y hasta penales tanto para los beneficiarios como para los directivos o funcionarios implicados. Juvinao subraya la necesaria intervención del Ministerio de Educación, al que acusa de pasividad pese a contar con una Dirección de Inspección, Vigilancia y Control.
La representante denuncia, además, un uso sistemático y estructural de la Fundación San José como una especie de “cartel” dedicado a entregar títulos sin cumplir los mínimos legales, lo que atenta contra la integridad de la educación superior colombiana y envía un pésimo mensaje a quienes sí cumplen con todos los requisitos. La falta de acción e incluso el deterioro en las políticas de meritocracia y calidad, inicialmente prometidos por el actual Gobierno de Gustavo Petro, se perciben como un retroceso para el sector.
En este contexto, Juvinao recalca que los estudiantes de estratos bajos que acceden a la educación con préstamos del Icetex –institución que financia estudios superiores– han visto dificultada su situación ante el incremento de cuotas y la suspensión de subsidios. Asegura que la crisis se agrava por políticas educativas incumplidas y soluciones que no han llegado. La representante destaca el enorme contraste entre un discurso gubernamental orientado al mérito y reformas, y una gestión institucional que, en cambio, parece privilegiar intereses políticos y electorales sobre la excelencia y la transparencia.
La gravedad del caso llevó a la legisladora a presentar requerimientos oficiales ante el Ministerio de Educación, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), la Contraloría, la Procuraduría y los colegios profesionales, en busca de la anulación de las tarjetas profesionales derivadas de estos títulos y para promover una moción de censura al actual ministro de Educación, Daniel Rojas, al que se acusa de dedicar sus esfuerzos al activismo político antes que al control de la emergencia.
El sector educativo, de acuerdo con Juvinao, vive una crisis ética, política y operativa sin precedentes, urgido de una intervención profunda que restablezca la confianza y garantice igualdad y legalidad para todos los estudiantes.
¿Cuál es la función de la Prueba Saber Pro y por qué es obligatoria para los títulos profesionales en Colombia?
La Prueba Saber Pro, que se menciona en las denuncias presentadas, es un examen obligatorio en Colombia, establecido por la Ley 1324 y administrado por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES). Su objetivo principal es evaluar el nivel de competencias y conocimientos adquiridos por los estudiantes al finalizar su formación profesional universitaria. Así, constituye una herramienta de control de calidad para verificar la idoneidad de los nuevos profesionales en el país.
Su presentación es un requisito ineludible previo a la obtención del diploma profesional. La no presentación, ya sea de manera extemporánea o no realizarla, invalida el título y puede conducir a la anulación del mismo, ya que la ley estipula la obligatoriedad de la prueba. De ahí la gravedad de los casos identificados y la relevancia del debate público que enfrentan hoy tanto el Ministerio de Educación como las instituciones educativas comprometidas.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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