El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
La Comisión Séptima del Senado de Colombia enfrentó otra sesión fallida en la discusión de uno de los proyectos legislativos más relevantes para el país: la reforma a la salud promovida por el Gobierno Nacional. Según lo registrado por El Espectador, el debate volvió a quedar en punto muerto debido a profundas diferencias entre los senadores acerca del mensaje de urgencia e insistencia enviado por el Ejecutivo y las reglas que deberían aplicarse al articulado.
Este escenario se ha vuelto frecuente en las reuniones de la Comisión. Algunos senadores, como Berenice Bedoya, Wilson Arias y Fabián Díaz, manifestaron su negativa a votar el orden del día mientras no existiera una claridad jurídica absoluta sobre el procedimiento. Fabián Díaz, por ejemplo, recordó la importancia de cumplir de forma estricta lo que dicta la normatividad: la ley exige que la discusión del articulado con mensaje de urgencia debe figurar en primer punto del orden del día. Exigió a la mesa directiva una respuesta concluyente sobre el trámite, señalando que votar sin esa certeza podría constituir un error formal importante.
Desde la presidencia de la Comisión, el senador Miguel Ángel Pinto defendió la legalidad de las acciones de la mesa directiva y subrayó que el avance de los proyectos depende también de la disposición de los integrantes de la célula legislativa. Pinto advirtió que la única posibilidad de discutir la reforma reside en aprobar el orden del día y evitar que los repetidos abandonos del recinto sigan impidiendo el quórum necesario para avanzar.
A pesar de este llamado, los senadores del Pacto Histórico y Fabián Díaz (Alianza Verde) optaron por retirarse, con lo cual la sesión no contó con el quórum requerido y la discusión volvió a interrumpirse. Así, el trámite de la reforma quedó nuevamente bloqueado en medio de disputas reglamentarias, tensiones políticas y cuestionamientos sobre sostenibilidad fiscal.
Posteriormente, en la Sala Plena, la polarización entre los senadores se hizo aún más visible. Miguel Ángel Pinto aseguró que en su presidencia no hay cabida para irregularidades como la compra de votos y recordó las alertas del Ministerio de Hacienda respecto a que la reforma a la salud, para ser implementada, podría necesitar una nueva reforma tributaria. Estas advertencias ponen en duda no solo la viabilidad política, sino también la económica del proyecto.
Por su parte, Fabián Díaz defendió la urgencia de cambiar el sistema de salud, señalando presuntas irregularidades cometidas por las Empresas Promotoras de Salud (EPS), como el manejo indebido de recursos para atención de pacientes fallecidos. Díaz acusó a algunos sectores parlamentarios de buscar dilatar la discusión y dejar que la reforma "se hunda por tiempos", en vez de archivarla abiertamente si cuentan con mayoría.
El intercambio fue subiendo de tono: Pinto criticó fuertemente al Gobierno, acusándolo de indiferencia frente a la crisis de salud en Colombia, mientras que Díaz replicó responsabilizando a la mesa directiva por el estancamiento. El resultado general es un ambiente cada vez más tenso: trabas legales, ataques cruzados y una sensación de incertidumbre sobre el destino de la reforma.
La continuidad de la reforma a la salud pende de un hilo en la Comisión Séptima, frenada por desacuerdos legislativos y rivalidades políticas abiertas. Los próximos días serán decisivos para saber si el proyecto logra avanzar o queda sepultado en medio del calendario legislativo.
¿Por qué la reforma a la salud genera tanta controversia en la Comisión Séptima?
La pregunta sobre la raíz de la controversia es fundamental para comprender la crisis actual. La Comisión Séptima es la encargada de los asuntos de salud en el Senado y, por esto, el entorno está cargado de tensiones entre fuerzas políticas que tienen visiones opuestas sobre el sistema y la reforma propuesta. El mensaje de urgencia del Gobierno y las dudas sobre la tramitación legal han enfrentado a sus miembros en una lucha por el control del debate, donde cumplir los reglamentos se convierte en argumento tanto para avanzar como para frenar el proceso.
Además, hay un trasfondo de desconfianza sobre la viabilidad fiscal y el manejo de los recursos que complica el ambiente. Las advertencias de entidades como el Ministerio de Hacienda y las acusaciones sobre el manejo de fondos por parte de las EPS reforzaron la polarización, haciendo que cualquier avance dependa tanto de procesos reglamentarios claros como de consensos políticos difíciles de alcanzar.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO
.svg)
