El Gobierno Nacional expidió cinco decretos en el marco de la emergencia económica que crean un nuevo paquete tributario, entre ellos un impuesto al patrimonio para personas jurídicas.
Este gravamen busca recaudar recursos para atender la crisis en Córdoba y otros departamentos del país.
La medida establece tarifas diferenciadas: de 1,6% para empresas de los sectores financiero y minero-energético, y de 0,5% para compañías de otros sectores con patrimonios superiores a 200.000 UVT, equivalentes a cerca de $10.400 millones, detalla La República.
Un ejercicio con base en los patrimonios contables de 2024 muestra que varias de las empresas más grandes del país estarían entre las que más pagarían.
Entre ellas se destacan Ecopetrol, con un patrimonio de $83,6 billones, que aportaría aproximadamente $1,3 billones. Le seguirían Empresas Públicas de Medellín con cerca de $162.000 millones y Refinería de Cartagena con alrededor de $137.500 millones, añade ese medio.
También figuran compañías como Grupo Sura, Grupo Energía de Bogotá, Grupo Argos y Grupo Aval. En total, empresas con patrimonios entre $17,4 billones y $83 billones pagarían entre $279.400 millones y $1,3 billones, resalta ese diario.
Expertos advierten que el impuesto podría afectar el flujo de caja de cerca de 12.000 empresas, impactar la inversión y trasladarse parcialmente a los consumidores mediante mayores precios. Además, unas 92 universidades con patrimonios superiores al umbral también tendrían que pagar este tributo.
Por qué el Gobierno sube impuestos a grandes empresas
El Gobierno de Colombia busca aumentar los gravámenes a las grandes empresas principalmente para obtener más recursos fiscales y financiar necesidades urgentes del Estado.
En los últimos años, el país ha enfrentado presiones en las finanzas públicas por mayores gastos sociales, atención de emergencias, inversión en infraestructura y programas de reducción de la pobreza. Ante este panorama, el Ejecutivo considera que las compañías con mayores patrimonios tienen una mayor capacidad para aportar al sostenimiento del gasto público.
Otra razón es la búsqueda de mayor equidad en el sistema tributario. El Gobierno sostiene que una parte importante de la riqueza del país se concentra en grandes conglomerados empresariales, por lo que aumentar su carga impositiva permitiría redistribuir recursos hacia sectores más vulnerables de la población mediante programas sociales, subsidios o inversión en regiones afectadas por crisis económicas o climáticas.
Además, estos impuestos pueden ayudar a cubrir déficits fiscales y mejorar la sostenibilidad de la deuda pública. En momentos de emergencia económica o desaceleración, el Estado necesita nuevas fuentes de ingresos para mantener el funcionamiento de servicios públicos y proyectos estratégicos.
Sin embargo, el debate sigue abierto. Algunos economistas y gremios empresariales advierten que mayores impuestos a grandes compañías podrían afectar la inversión, el crecimiento económico y la generación de empleo si las empresas reducen proyectos o trasladan parte de los costos a los consumidores.
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