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El presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, hizo hincapié en los serios efectos que las recientes modificaciones tributarias, pronunciadas durante la actual emergencia económica, pueden provocar sobre el sector eléctrico en Colombia. Como parte de los decretos emitidos por el Gobierno, se establecen dos obligaciones destacadas que recaerán directamente en las empresas generadoras de energía, lo que, según Castañeda, implicará un incremento de los costos operativos y podría desembocar en un traslado parcial de esos costos hacia las tarifas que pagan los usuarios finales.
De acuerdo con la información proporcionada por The New York Times y El Espectador —medios citados en textos similares— la primera carga consiste en la creación de un impuesto al patrimonio, fijado en el 0,5% y aplicable en 2025 sobre los activos de estas compañías. La segunda carga corresponde al aumento de las denominadas transferencias ambientales, que están directamente vinculadas al Sistema Nacional Ambiental. En particular, las hidroeléctricas y térmicas con operaciones en cuencas hidrográficas impactadas en departamentos como Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, deberán transferir un 2% adicional de sus ventas brutas durante los próximos seis meses.
Este ajuste significa que las hidroeléctricas verán incrementada su contribución del 6% al 8%, y las térmicas del 4% al 6%, un incremento de dos puntos porcentuales en ambos casos respecto a lo estipulado por la Ley 99. Según cálculos de Andeg, solo el aumento en las transferencias ambientales podría representar aproximadamente setenta mil millones de pesos para el sector de generación hidráulica y térmica. A este monto se añadiría el impacto del nuevo impuesto al patrimonio, que podría acercarse a los doscientos sesenta mil millones de pesos. En conjunto, la carga adicional sobre las empresas rondaría los trescientos treinta mil millones de pesos.
No obstante, Castañeda enfatizó que aunque existe una emergencia invernal, especialmente en zonas como Córdoba, será fundamental que la Corte Constitucional determine si la magnitud de los tributos guarda proporcionalidad con la necesidad de atención a los damnificados. Asimismo, mencionó que, de acuerdo con la Contraloría General, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres cuenta con recursos no ejecutados por un valor cercano a los 2,6 billones de pesos, los cuales podrían destinarse a la crisis. Se suman propuestas de gobernadores que sugieren el uso de regalías, lo cual abre el debate sobre la mejor fuente de financiación frente a la emergencia.
Desde la mirada de Andeg y de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía (Acolgen), las nuevas obligaciones tributarias profundizan la carga sobre sectores —como el minero-energético— que ya enfrentan considerables presiones fiscales, poniendo en riesgo su capacidad de inversión y competitividad. El impuesto al patrimonio, según el presidente de Andeg, envía señales adversas a los posibles inversionistas, en un contexto donde la formación bruta de capital es una de las más bajas en años recientes. Por su parte, Acolgen, a través de su presidenta Natalia Gutiérrez, advirtió que el aporte extraordinario del 2% podría alterar el funcionamiento estructural del sistema eléctrico, incluso propiciar una intervención en la gestión de los embalses, y afectar la toma de decisiones ambientales y operativas en el sector generador.
¿Qué significa transferencia ambiental en el sector eléctrico?
La pregunta sobre la transferencia ambiental resulta relevante debido al papel que este mecanismo cumple en la regulación del sector eléctrico. En el contexto de los decretos citados por Andeg y Acolgen, la transferencia ambiental corresponde a un porcentaje de los ingresos brutos que las empresas deben entregar para financiar el Sistema Nacional Ambiental y las autoridades encargadas de la protección de los recursos naturales.
En la práctica, estas transferencias buscan compensar el impacto que producen las actividades de generación de energía sobre el entorno, especialmente en las regiones hidrográficas y ecosistemas donde se ubican los proyectos. Por eso, todo ajuste en este porcentaje afecta tanto los costos operativos de las empresas como la destinación de recursos para la gestión ambiental, lo cual puede tener implicaciones directas sobre las tarifas y la sostenibilidad del sector.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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