Según Empresas Públicas de Armenia, EPA, ascienden a más de $300 millones los robos de tapas y rejas de medidores y alcantarillado este año en la capital quindiana. Los hurtos presentados ponen en riesgo el patrimonio de la empresa y de los usuarios, así como la integridad física de los ciudadanos.

Según informó Juan Carlos Giraldo Londoño, gestor Control Pérdidas de la EPA, las cifras de hurtos son 150 tapas de medidores, más de 20 tapas de alcantarillado y 50 rejas de alcantarillado y aguas lluvias.

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“Estos hurtos casi siempre van acompañados del robo del medidor, que a la fecha hay reportados más de 300. Estas acciones son un atentado contra el patrimonio de los usuarios como de la empresa. Los robos han sido valorados en más de 300 millones de pesos”, dijo Giraldo.

La problemática no es nueva, de manera que la EPA se ha propuesto contrarrestar la situación mediante la instalación de medidores, tapas y rejas con material no reciclable.

“Sumado al trabajo que se está adelantando en unión con las diferentes empresas de servicios públicos: Edeq, Efigas, EPQ, intentamos contar con el acompañamiento de las autoridades de Policía y Sijín. Para esto, nos reunimos mensualmente con el objetivo de crear estrategias que permitan disminuir el robo”.

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Estas acciones contra la infraestructura pública exponen a la población a posibles accidentes, tanto para peatones como usuarios de los diversos medios de transporte. Por lo anterior, Giraldo Londoño señaló: “Es fundamental hacer el llamado a la ciudadanía para reportar el delito que se pretende cometer para que, entre todos, de manera preventiva, evitemos que puedan suceder este tipo de delitos. También es importante que estemos alertas y podamos denunciar los actos delictivos a las autoridades y cuidemos tanto el patrimonio de los usuarios, como el de la EPA. Para reportar estos casos preventivos deben llamar al 123. Si ya sucedió y el usuario fue víctima del robo de su medidor o tapa debe instaurar la denuncia respectiva. Por último, se solicita a los propietarios de las chatarrerías, abstenerse de comprar estos elementos, so pena de verse involucrados en un delito”.

Las zonas más afectadas por esta problemática corresponden al centro de la ciudad, El Bosque, San Fernando, San José, La Castellana, Granada, Fundadores y el Galán.

Caso en Armenia

El 4 de diciembre de 2021 en horas de la noche, una niña de 9 años —quien caminaba con su madre Leidy Paola Mazo Jaramillo por el centro comercial de los cielos abiertos La Calle Real—, debido a un daño en una de las rejillas de los sumideros sufrió una caída que le generó lesiones físicas en sus piernas. El proceso legal lo interpusieron en febrero del 2022, pero desde entonces, denuncia Mazo Jaramillo que “no ha sucedido nada”.

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Mazo Jaramillo explicó:

Por el accidente ella se hizo una laceración de 22 centímetros, inicialmente tenían que cogerle entre 10 y 13 puntos, pero no se pudo porque tuvo contacto con agua residual. Al siguiente día del hecho el alcalde me llamó y me dijo que él quería estar al frente del proceso de la niña y estar atento a la evolución. Él dijo que iba a enviar un médico particular para ver en qué condiciones estaba la niña y además que no veía tan necesario hacer mucho ruido con el tema. Yo sentí que por ahí no era, entonces llamamos al abogado y decidimos pasar a un plano legal. Nunca más me volvió a llamar ni tampoco ninguna entidad ha dado la cara. De las 5 audiencias realizadas, en 3 de ellas no ha habido representante de la alcaldía de Armenia ni de otras entidades. Estamos hablando de la integridad física y mental de una niña que ya cumplió 10 años, ya se van a cumplir 12 meses y no ha pasado nada. Pido que se pongan al frente de la situación.”.

Edilberto Vanegas Holguín, quien ha llevado el caso contó: “Decidimos montar la querella penal por lesiones personales culposas como quiera que las entidades encargadas de dar mantenimiento a esa rejilla fueron negligentes y no le dieron el mantenimiento, eso se volvió una trampa. Se valoró a la niña desde Medicina Legal y se estableció la existencia de la lesión personal, su entidad y las secuelas. La Fiscalía archivó el caso a los 45 días de instaurada la querella sobre la base de que allí no había delito porque era una entidad del estado. Allí hay una situación bien compleja porque la calle es del municipio de Armenia; el centro comercial de los cielos abiertos es de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia, Edua; el mantenimiento de esa calle peatonal le compete a Amable y la rejilla en su parte superior es de todos los anteriores, incluyendo la oficina de Bienes y Suministros y el sumidero es responsabilidad de la EPA, por eso pusimos en la querella a todas las entidades”.

Posterior al archivo del caso, comentan que lo llevaron a un juez superior y este concluyó que sí hay adecuación típica de la conducta y es deber de la Fiscalía determinar quién fue el responsable. “El proceso pasó a la Fiscalía del conocimiento, ahora deben acudir los abogados de los representantes legales y los implicados para la conciliación”.

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Marco legal

El abogado penalista explicó que en caso de accidente a causa de falta de mantenimiento en la infraestructura pública, el esquema de respuesta formal de la justicia penal frente a los actos omisivos atribuibles a entidades del estado cambió. En el 2001 rige el código penal en el que se admitió la figura de la posición de garantes.

“Esta significa que quien crea un riesgo y ese se materializa en el daño al cuerpo y a la salud de un ser humano, por ese hecho debe responder por el resultado. Esta figura se puede transpolar desde cualquier punto a los eventos en los que se materializan las lesiones personales. En la actualidad, se piensa que, si una vía se deteriora, hay alcantarillas sin tapas u obras al aire que causan daños son problemas que se resuelven en la jurisdicción contenciosa administrativa, eso dejó de ser así por la misma negligencia de las entidades del estado, ahora se radica ante Fiscalía”, explicó el abogado.

Alcalde explicó

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Por su parte, José Manuel Ríos Morales, alcalde de Armenia, manifestó sobre el caso que: “Al día siguiente del accidente yo me contacté con la madre y le dije que nosotros asumíamos todos los gastos del tratamiento, el transporte y todo lo que hubiese ocurrido con la niña. Hablamos como 3 veces y me dijo que iba a hablar con el esposo, pero nunca me volvieron a contestar el teléfono, después supe que se interpuso la denuncia al municipio y siempre he estado allí pendiente. En su momento ella tuvo que haber pensado que si le dábamos algún tipo de atención a la niña no iba a poder llevar a cabo la denuncia como tengo entendido que la realizó”.