Por: El Espectador

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Este artículo fue curado por pulzo   Dic 23, 2025 - 11:59 am
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El ministro del Interior, Armando Benedetti, afronta actualmente una compleja situación legal y financiera derivada de varios procesos judiciales que considera injustificados y sin fundamento legal. Según información publicada por El Espectador, Benedetti ha solicitado a su equipo jurídico que avance en la estructuración de una demanda civil, a raíz de los “perjuicios patrimoniales” que, a su juicio, ha sufrido como consecuencia de este escenario judicial adverso. En repetidas ocasiones, en diferentes foros públicos, el ministro ha señalado sentirse objeto de una persecución que lo ha impactado en distintas esferas de su vida, todo ello sin que —según su perspectiva— exista un sustento jurídico sólido.

El proceso judicial que pretende entablar Benedetti aún se encuentra en fase de elaboración, y aunque no se ha precisado cuál será el argumento central, fuentes cercanas al Ministerio del Interior, conocido como La Giralda, aseguran que uno de los énfasis podría estar relacionado con las investigaciones que adelanta la magistrada Cristina Lombana, integrante de la Corte Suprema de Justicia, sobre un posible caso de enriquecimiento ilícito. Este tipo de investigación añade una carga adicional a la ya delicada situación del funcionario, que se consideraría agravada por el carácter público y el alcance mediático que ha tenido.

La presentación de la demanda civil está programada para inicios de 2026, y, de ser admitida, permitiría que los tribunales estudien la posibilidad de una compensación económica para Benedetti. Este reclamo se basa en el cálculo preciso del “perjuicio patrimonial” supuestamente sufrido, el cual estaría siendo cuantificado por su defensa para fundamentar la solicitud ante los jueces pertinentes. Si el tribunal llegase a fallar a favor del ministro, podría establecerse una compensación que alivie los efectos económicos negativos de estos procesos.

Esta situación se complica aún más por la inclusión de Benedetti en la llamada “lista Clinton”, una sanción internacional estadounidense que impide a quienes figuran en ella operar en el sistema bancario formal. De acuerdo con El Espectador, este hecho no solo afecta al ministro, sino también al presidente Gustavo Petro, Verónica Alcocer y Nicolás Petro, quienes fueron incluidos en el listado. Como consecuencia directa, Benedetti no ha recibido los pagos correspondientes a los meses de noviembre y diciembre ni la tradicional prima de fin de año, pues el sistema bancario se encuentra bloqueado para estos fines.

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Dadas estas restricciones, se han explorado caminos alternativos para que Benedetti reciba su salario, como el pago por medio de cheques. Sin embargo, la normativa interna impide que él, al ser el responsable de aprobar gastos de su cartera, pueda solicitar la chequera para sí mismo. Por esa razón, Nancy Patiño, secretaria General del Ministerio del Interior, se encuentra buscando alguna fórmula legal y administrativa que permita viabilizar el pago, aunque hasta el momento no se ha concretado ninguna solución.

En medio de estas dificultades, el ministro Benedetti permanece activo en sus funciones de gobierno, acompañando al presidente Gustavo Petro en diversas actividades al cierre del año. Entre ellas, figura la entrega de regalos y novenas en Cartagena y un almuerzo con comunidades vulnerables en la Casa de Nariño, evidenciando su continuidad en la gestión pública pese a los contratiempos legales y financieros a los que se enfrenta.

¿Qué es la lista Clinton y cómo afecta a los funcionarios que figuran en ella?

La lista Clinton, gestionada por el gobierno de los Estados Unidos, es un mecanismo de sanciones internacionales dirigido a personas y entidades sospechosas de actividades como lavado de activos o vínculos con el narcotráfico. Aquellos incluidos en esta lista enfrentan restricciones severas, especialmente en cuanto al acceso y manejo de recursos en el sistema bancario formal, lo que afecta sus operaciones financieras habituales, incluyendo el pago de salarios y otras obligaciones contractuales.

Para los funcionarios públicos colombianos incluidos en la lista, como el ministro Armando Benedetti, estas restricciones generan importantes complicaciones administrativas y personales. Por ejemplo, la imposibilidad de recibir pagos a través de canales convencionales exige buscar alternativas legales y administrativas, que suelen ser complejas y tardadas. Esta situación, además de afectar la estabilidad financiera de los afectados, agrega presión sobre el aparato estatal en cuanto a gestionar los recursos y derechos laborales de quienes enfrentan sanciones internacionales.


* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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