Surge una nueva controversia con el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, luego de conocerse la compra de un apartamento residencial en un exclusivo sector del norte de Bogotá.
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De acuerdo con información divulgada por Caracol Radio, el mandatario adquirió una propiedad en el Edificio Solar del Virrey, ubicado en la carrera 16 con calle 85. El apartamento tiene un área privada de 68,89 metros cuadrados y un garaje de 11,85 metros cuadrados.
La emisora informó que el valor del negocio fue de 585 millones de pesos. La compra se complementó con una hipoteca abierta, también firmada en la Notaría 25, entre Krasnov y el Banco Itaú por 398 millones de pesos.
Esta revelación coincide con un momento particularmente complejo para Krasnov. El funcionario enfrenta investigaciones judiciales y disciplinarias que ponen en duda su continuidad en el cargo.
Según información publicada por El Tiempo, la Fiscalía General de la Nación está próxima a imputarle cargos por interés indebido en la celebración de contratos y por amenazas a testigos.
A esto se suma que la Procuraduría aseguró que el mandatario local firmó en diciembre de 2022 un contrato de prestación de servicios con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC). El acuerdo, con un valor de $8.129.040, contemplaba la capacitación de estudiantes en revisión de documentos científicos en inglés y alemán. Aunque se trataba de un contrato académico, este vínculo con una entidad estatal lo dejó automáticamente inhabilitado para aspirar a las elecciones de octubre de 2023.
La normativa electoral establece que quienes busquen un cargo de elección popular no deben haber firmado contratos con entidades públicas durante el año previo a los comicios. En el caso de Krasnov, la suscripción del contrato ocurrió apenas diez meses antes de las votaciones, lo que fue suficiente para que la Procuraduría lo sancionara.
El organismo disciplinario concluyó que la conducta de Mikhail Krasnov configuró una falta gravísima a “título de dolo”, es decir, que actuó con pleno conocimiento de la prohibición. Por esa razón, la decisión fue la destitución inmediata de su cargo y una inhabilidad de 14 años que lo aparta de la función pública a largo plazo.
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La Procuraduría aclaró que la medida corresponde a una decisión de primera instancia, lo que significa que el alcalde todavía puede apelar ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular.
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