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La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas en los municipios de Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, en el departamento de Risaralda, al emitir la Alerta Temprana 001 de 2026 por el grave riesgo que enfrentan sus habitantes a raíz de la actividad de grupos armados ilegales. Según este organismo, la región experimenta una situación extrema de riesgo relacionada con posibles violaciones a los derechos humanos y normas del Derecho Internacional Humanitario. El documento oficial advierte que estos riesgos se intensifican debido a la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), representado por el Frente Manuel Hernández “El Boche”, y del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), a través de su subestructura Edwin Román Velásquez Valle.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, estas organizaciones buscan fortalecer su poder territorial, asegurando corredores estratégicos que conectan Risaralda con los departamentos de Chocó, Antioquia, Valle del Cauca y Caldas. La intención de controlar estos corredores está directamente vinculada con economías ilícitas como el narcotráfico, minería ilegal y el dominio sobre rutas fundamentales para el transporte y el abastecimiento. En este contexto, la zona ha sido escenario de homicidios, amenazas, extorsiones, desplazamientos forzados, confinamientos y enfrentamientos armados.
Los menores de edad, líderes sociales y organizaciones comunitarias han sido identificados como sectores especialmente vulnerables. El asesinato documentado de un líder social en Mistrató refleja el grado de amenaza que sufren quienes asumen roles de liderazgo en esta región. Comunidades indígenas como los Embera Chamí y Embera Katío, junto a poblaciones afrodescendientes y campesinas, residen en áreas rurales donde la presencia estatal es escasa y la disputa armada es constante.
Las condiciones geográficas, caracterizadas por zonas montañosas y corredores fluviales, dificultan la intervención de las autoridades y favorecen la movilidad de los actores ilegales. Frente a este panorama, el Ejército Nacional, bajo la dirección del teniente coronel Luis Alfonso Palomino Lejalde, ha anunciado la instalación de 36 puestos de seguridad en puntos estratégicos de Risaralda. Será desplegado un personal de más de 400 soldados para garantizar la protección de los puestos de votación, concentrándose en los municipios con mayores riesgos y zonas rurales apartadas.
A la par, la Policía de Risaralda ha dispuesto un operativo para abarcar el 57 % de los puestos de votación del departamento, abarcando tanto zonas urbanas como rurales, y sumando esfuerzos con la Policía Metropolitana de Pereira. Este último cuerpo contará con 1.200 policías y el refuerzo de 24 puestos de control, poniendo especial atención en Pereira y La Virginia, así como en corredores donde podrían presentarse delitos como la compra de votos o el transporte ilegal de dinero.
El marco normativo para estas elecciones está definido por el Decreto 000083 del 5 de marzo de 2026, expedido por la Alcaldía de Pereira y basado en recomendaciones del Consejo de Seguridad. El documento restringe el porte de armas, la circulación de personas y elementos potencialmente peligrosos para el orden público, prohibiendo también el uso de disfraces que impidan la identificación ciudadana. Entre las restricciones destaca la ley seca a partir del sábado a las seis de la tarde, la limitación del tránsito de motocicletas con acompañante mayor de 14 años y la prohibición del uso de drones no autorizados por la Fuerza Pública, con sanciones severas para quienes incumplan las medidas.
En un contexto donde la seguridad, el respeto a los derechos humanos y el ejercicio democrático se hallan en tensión constante en Risaralda, cabe preguntarse:
¿Qué medidas adicionales podrían implementarse para proteger a las comunidades indígenas y líderes sociales en zonas rurales con limitada presencia estatal?
Este interrogante cobra especial importancia dado que son precisamente las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas quienes están más expuestas a los daños de la acción armada, al desplazamiento forzado y a la pérdida de sus derechos fundamentales. La protección de los líderes sociales y representantes comunitarios resulta vital para mantener la cohesión social, el acceso a la justicia y el fortalecimiento de la democracia en estas regiones.
Aunque el despliegue militar y policial busca ofrecer garantías mínimas para la celebración de los comicios, la construcción de escenarios seguros y sostenibles para las poblaciones vulnerables exige estrategias complementarias, ajustadas a la compleja geografía y a la diversidad cultural de Risaralda. Profundizar en estos aspectos puede abrir nuevos caminos para la protección de la vida y los derechos fundamentales en territorios históricamente afectados por la violencia armada.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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