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Un grupo de abogados venezolanos en el exilio ha solicitado al Departamento de Justicia de Estados Unidos que investigue formalmente a Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela y antiguo líder del régimen chavista, por el presunto delito de tortura. Esta petición adquiere especial peso en el contexto estadounidense, ya que de comprobarse podría derivar en una condena de cadena perpetua. Según la información difundida por Noticias Caracol Digital, tanto Maduro, de 63 años, como su esposa, Cilia Flores, fueron capturados a inicios de enero durante una operación militar estadounidense desarrollada en Caracas, capital de Venezuela.
Tras su captura, ambos fueron inculpados por cargos de narcotráfico por un tribunal en Manhattan, en el estado de Nueva York, y trasladados a una prisión federal en Brooklyn. Nicolás Maduro enfrenta cuatro cargos federales, entre los que se destacan conspiración para cometer narcoterrorismo, importación ilícita de cocaína y colaboración con grupos designados como terroristas por el gobierno de Estados Unidos. En su primera audiencia, Maduro se declaró inocente de los cargos relacionados con drogas e indicó considerarse un “prisionero de guerra”. Tanto él como su esposa están recluidos, a la espera de una nueva comparecencia judicial prevista para el 26 de marzo, en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una instalación conocida por albergar a reclusos de alto perfil desde principios de la década de los noventa.
La cárcel en la que se encuentran ha sido señalada repetidamente por sus duras condiciones. Andrew Dalack, abogado de reclusos citado por la BBC, calificó la prisión como “un lugar que da mucho miedo” y mencionó que allí conviven más de 1.200 internos, muchos de ellos bajo aislamiento, lo que agrava aún más su situación.
El medio venezolano Tal Cual informó que la petición de los abogados fue enviada un día después de la detención de Maduro y se basa en informes de organismos internacionales como el Departamento de Estado de Estados Unidos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Misión Internacional de Determinación de los Hechos. Todos estos entes han documentado patrones de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas en territorio venezolano.
El abogado Kelvi Zambrano, impulsor de esta iniciativa junto con José Valderrama, Villcar Fernández y Julie Vanessa Siado, explicó que en Venezuela han fallecido numerosas personas bajo custodia estatal a causa de torturas, hechos que, bajo la legislación estadounidense, podrían constituir agravantes. Argumentan además que el sistema federal estadounidense presenta diferencias con la Corte Penal Internacional (CPI), ya que para iniciar una investigación en Estados Unidos solo se requiere acreditar un caso de tortura donde el acusado esté presente en el país, sin importar la ubicación de los hechos o de las víctimas. De esta manera, “basta con que exista una sola víctima que pruebe que fue torturada bajo color de ley para que el Departamento de Justicia esté obligado a investigar”, señaló Zambrano.
Como antecedente legal, los abogados mencionaron el caso de Michael Sang Correa, exmilitar de Gambia, quien fue condenado por tortura en Estados Unidos pese a que los hechos ocurrieron fuera del país. De prosperar la investigación, Nicolás Maduro podría convertirse en el primer exjefe de Estado en ser procesado en EE. UU. bajo esta normativa.
¿De qué trata el estatuto legal estadounidense que permite juzgar la tortura cometida fuera del país?
El interés por comprender este estatuto surge a raíz de la solicitud contra Maduro, ya que la legislación federal de Estados Unidos contempla la posibilidad de enjuiciar a individuos por tortura aunque los hechos se hayan cometido fuera del territorio estadounidense. Sin embargo, una condición determinante es que el acusado esté presente físicamente en el país, pues esto habilita la actuación de las autoridades judiciales, independientemente de la nacionalidad de las víctimas o el lugar de los incidentes, según la explicación aportada por los abogados exiliados.
El caso de Michael Sang Correa, señalado en la noticia, es un precedente directo y el único en tiempos recientes en el que se aplicó esta ley a un extranjero por hechos cometidos en el extranjero. Este antecedente cobra especial relevancia ahora, ya que abriría el camino para posibles procesos judiciales en contra de antiguos mandatarios implicados en supuestos crímenes graves, estableciendo nuevas posibilidades de justicia internacional bajo la jurisdicción de Estados Unidos. ¿Qué desafíos legales podría enfrentar el Departamento de Justicia estadounidense para avanzar en este tipo de casos?
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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