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El alcalde de Riosucio, en el departamento de Chocó, Juan Moreno Mena, junto con cinco funcionarios adicionales de la administración municipal, enfrenta investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación. El ente investigador formalizó cargos a partir de señalamientos sobre posibles irregularidades en el manejo de al menos 200 millones de pesos colombianos, recursos que estaban destinados a garantizar la logística de las elecciones legislativas celebradas el pasado 8 de marzo en Riosucio. Según lo reportado por la propia Fiscalía, estos recursos públicos estarían en el centro de un esquema de presunta malversación que involucra varios delitos.
De acuerdo con la información oficial, se detectaron varias acciones que encendieron las alarmas: el fraccionamiento de contratos, la utilización de facturas posiblemente fraudulentas y diversas inconsistencias en la provisión de alimentación y combustible. Estas operaciones, señala la Fiscalía, evidencian una posible estrategia para fragmentar la contratación, así como para justificar pagos directos y eludir la participación de distintos oferentes en los procesos de contratación, lo que deja sin efecto el principio de selección objetiva que debe regir en este tipo de procedimientos.
Los presuntos responsables, además del alcalde Moreno Mena, son el secretario de Hacienda, Roberto Bayron Tipton Caicedo; el jefe de Presupuesto, Francisco Calvo Romaña; el auxiliar administrativo, Wilmer Enrique Romaña Vargas; el coordinador de la Oficina de Riesgo, Jair García Rodríguez; y el recaudador de impuestos, Ariel Alejandro Moreno Ayala. Según las pruebas, todos ellos habrían participado de manera directa o indirecta en los contratos cuestionados, suscribiendo documentos sin los requisitos legales y fragmentando procedimientos administrativos para evadir controles.
La Fiscalía aseguró que el alcalde, como ordenador del gasto, tenía conocimiento completo sobre el monto y el propósito de la contratación. A pesar de ello, habría optado por dividir la suma en varias resoluciones y omitir el registro de la necesidad presupuestaria en el plan de adquisiciones, aunque el calendario electoral ya estaba previamente establecido para el año 2025. Parte de los recursos desviados, expuso el ente investigador, fue justificada con soportes como cuentas de cobro sin la documentación adecuada, facturas por suministros con fechas posteriores a los comicios o con montos inflados y constancias que aparentaban pagos superiores a jurados electorales, todo esto con el aparente fin de justificar la salida del dinero.
Los seis investigados enfrentan cargos por peculado por apropiación, prevaricato por acción, celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad en documento privado. No obstante, hasta el momento ninguno de ellos ha aceptado los cargos. Toda esta información fue dada a conocer de manera oficial por la Seccional Chocó de la Fiscalía y reseñada por El Espectador.
¿Cuáles son los delitos que enfrenta el alcalde de Riosucio y sus funcionarios?
La Fiscalía imputó a los involucrados los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción, celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento privado. Estos delitos están contemplados en el Código Penal colombiano y sancionan el mal manejo de recursos públicos y la manipulación irregular de procesos contractuales.
¿Cómo habría funcionado el esquema de desvío de recursos en la alcaldía de Riosucio?
Según la Fiscalía, el esquema consistía en dividir los contratos para eludir mecanismos de selección con pluralidad de oferentes, justificar pagos directos y crear documentos presuntamente falsos, como facturas y constancias de pagos a jurados, con el objetivo de legitimar la salida de fondos que debían destinarse a la organización de los comicios.
*Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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