La sede del Partido Socialista Obrero Español, ubicada en la calle Ferraz de Madrid, fue visitada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en medio de una investigación judicial que salpica a figuras cercanas al Gobierno español y al entorno político del presidente Pedro Sánchez.
La diligencia fue ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, quien solicitó documentación relacionada con Leire Díez, señalada como una pieza clave dentro de una presunta trama que buscaba interferir en investigaciones judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno español.
El caso hace parte de la investigación conocida como caso Sepi, que permanece bajo secreto judicial y que en los últimos meses ha ampliado tanto el número de investigados como los posibles delitos. Según la Audiencia Nacional, la causa indaga una supuesta organización orientada a “desestabilizar procedimientos judiciales”, mediante posibles maniobras de tráfico de influencias, revelación de secretos y falsedad documental.
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Dentro de las órdenes emitidas por el juez también se encuentra el registro de la vivienda de Santos Cerdán, uno de los dirigentes más cercanos a Pedro Sánchez durante años. Además, aparece vinculada a la investigación Ana María Fuentes Pacheco, gerente de la Secretaría de Organización del partido, por presuntas irregularidades relacionadas con facturas supuestamente falsas.
La investigación también pone bajo la lupa a otros nombres del aparato socialista como Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Sánchez; el diputado Juan Francisco Serrano; el empresario Javier Pérez Dolset y el histórico dirigente andaluz Gaspar Zarrías. Las autoridades incluso investigan la existencia de un grupo de WhatsApp llamado “Hirurok”, que presuntamente habría servido para coordinar estrategias relacionadas con operaciones bajo sospecha.
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Uno de los puntos centrales del caso tiene relación con operaciones vinculadas a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), especialmente el rescate de la empresa Tubos Reunidos por 113 millones de euros. Según los investigadores, varias personas habrían intentado influir en contratos y decisiones públicas millonarias, mientras la causa sigue creciendo y aumentando la presión política sobre el PSOE y el Gobierno español.
La figura de Leire Díez ha llamado especialmente la atención porque en círculos políticos españoles era conocida como una de las llamadas “fontaneras” del PSOE, término usado para describir a operadores encargados de manejar asuntos delicados dentro de los partidos. La exfuncionaria ya había sido vinculada anteriormente a supuestas operaciones para desacreditar investigaciones de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción.
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