Sandra Ortiz recuperará su libertad por orden del juzgado 35 de control de garantías, en medio del proceso judicial que enfrenta por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La decisión fue tomada este lunes 11 de mayo luego de que el despacho judicial avalara los argumentos presentados por la defensa de la exfuncionaria, que aseguró que han pasado más de 400 días desde la radicación del escrito de acusación sin que haya comenzado formalmente la etapa de juicio.
Según se conoció, el juzgado concluyó que varios aplazamientos de las audiencias preparatorias ocurrieron por situaciones de fuerza mayor y otros factores que no podían atribuirse a maniobras dilatorias de la defensa. Con esto, rechazó la postura de la Fiscalía, que insistía en que Ortiz estaba retrasando el proceso.
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Durante una audiencia realizada el pasado viernes, Sandra Ortiz aseguró que la Fiscalía habría puesto obstáculos para acceder a pruebas documentales, técnicas y testimoniales que considera clave para su defensa. La exfuncionaria afirmó que el material probatorio que pretende presentar sería “contundente” dentro del caso.
Ortiz está procesada por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público. La investigación se relaciona con el supuesto entramado de corrupción que buscaba favorecer proyectos del Gobierno nacional mediante presuntos sobornos a congresistas. De acuerdo con la Fiscalía, los hechos estarían ligados a pagos ilegales que habrían tenido como destinatarios a los entonces presidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, con el objetivo de impulsar reformas y proyectos del gobierno de Gustavo Petro en el Congreso.
Otro de los funcionarios involucrados en el entramado de corrupción que quedó libre fue Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda del Gobierno Petro, y también por vencimiento de términos. En ambos casos, se ordenó porque se superaron los 120 días que ordena el Código Penal desde que se radicó la imputación de cargos.
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