El complejo entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha sumado un capítulo judicial inesperado. En la mañana de este martes, el Tribunal Superior de Bogotá sacudió el panorama político al ordenar la libertad inmediata del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, tras determinar que la Fiscalía General de la Nación permitió el vencimiento de los términos legales para llevarlo a juicio.
La decisión fue proferida por la magistrada Isabel Álvarez Fernández, quien acogió los argumentos de la defensa de Bonilla, liderada por el abogado Alejandro Carranza. El punto de quiebre fue matemático y procedimental: el Código de Procedimiento Penal colombiano establece un plazo máximo de 120 días desde la imputación de cargos hasta la radicación del escrito de acusación.
Bonilla fue imputado a inicios de diciembre de 2025, y según los cálculos del Tribunal, dicho plazo expiró el pasado 31 de marzo. La magistrada Álvarez fue tajante al calificar como “inaceptable” la interpretación de la Fiscalía, que pretendía contar los días desde el momento en que el exministro fue recluido físicamente (18 de diciembre) y no desde el acto jurídico de la imputación. “No pueden interpretarse las normas de manera extensiva y de manera desfavorable”, sentenció la funcionaria durante la audiencia.
Tras conocerse la liberación de Bonilla, la pregunta obligada en los pasillos judiciales fue si el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, recuperaría también su libertad bajo la misma figura, dado que ambos fueron imputados en la misma fecha por su supuesta participación en el direccionamiento irregular de contratos de la UNGRD.
Sin embargo, el panorama para Velasco parece ser diametralmente opuesto. Según consultó EL TIEMPO con expertos penalistas, la Fiscalía realizó una maniobra de última hora que habría cerrado la puerta al vencimiento de términos para el exjefe de la cartera política. Minutos después de la audiencia de Bonilla, el ente acusador radicó formalmente el escrito de acusación contra ambos exfuncionarios.
Para el abogado Pedro Nel Escorcia Castillo, lo ocurrido con Bonilla fue un “error garrafal” de la Fiscalía que priorizó la forma sobre el fondo. No obstante, advirtió que “por esto, Velasco no va a quedar libre”, debido a que su defensa no solicitó la audiencia a tiempo y la radicación del escrito de acusación “sana” la omisión temporal.
En la misma línea, el penalista Mateo Coronado explicó que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia establece que la presentación del escrito de acusación es suficiente para superar el vencimiento de términos. “Considero que es poco probable que Velasco quede en libertad, pues el trámite ya fue radicado ante el alto tribunal”, anotó Coronado.
A pesar de recuperar su libertad, Ricardo Bonilla sigue vinculado formalmente al proceso y deberá enfrentar el juicio ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía ya anunció que apelará la decisión del Tribunal de Bogotá, buscando que el exministro regrese a prisión preventiva mientras se dicta sentencia.
Por ahora, Bonilla abandonará el centro de reclusión de la Policía, mientras que Velasco permanecerá privado de su libertad a la espera del inicio de las audiencias de juzgamiento. El escándalo, que también involucra a figuras como César Manrique y Carlos Ramón González, continúa siendo una de las pruebas de fuego más grandes para la justicia colombiana, en un caso donde se señala que el Gobierno habría utilizado contratos para comprar apoyos a sus reformas en el Congreso.
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