A la par que Colombia define su rumbo político de cara a las urnas en este mayo de 2026, en los Estados Unidos se acaba de cocinar una de las decisiones más drásticas y lesivas para la comunidad de migrantes legales en los últimos sesenta años. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), bajo la administración de Donald Trump, emitió un memorando a través del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) que cambia por completo las reglas de juego para obtener la residencia permanente o green card, una medida que obligará a miles de colombianos que hoy residen legalmente en suelo norteamericano a abandonar el país si quieren completar sus trámites de estatus.
Históricamente, el mecanismo conocido como “ajuste de estatus” permitía que un extranjero que ingresara con una visa temporal —ya sea de estudiante, trabajo especializado (H-1B, L-1) o por nexos familiares— pudiera transformarla en una residencia definitiva sin necesidad de salir del territorio estadounidense. Sin embargo, la nueva política de línea dura de la Casa Blanca establece que, de ahora en adelante, realizar este proceso dentro de EE. UU. dejará de ser la regla general y se convertirá en una estricta excepción sujeta a “circunstancias extraordinarias”. En la práctica, el beneficio se congela y la inmensa mayoría de solicitantes tendrá que regresar a sus países de origen para tramitar la visa ante los consulados.
El impacto para la comunidad colombiana es monumental. De acuerdo con datos del propio DHS, anualmente entre 18.000 y 25.000 colombianos reciben la residencia legal permanente, muchos de ellos mediante este beneficio que hoy se elimina. Expertos como David Bier, analista del Instituto Cato, advierten que esta medida expone a los connacionales a un escenario devastador.
Al verse obligados a salir de EE. UU. tras haber vivido allí durante años, muchos colombianos podrían activar automáticamente los temidos “castigos de los 3 y 10 años” por acumulación previa de días irregulares, lo que les impediría volver a pisar suelo estadounidense y les haría perder de inmediato sus empleos y patrocinios económicos.
Para agravar la situación, los especialistas en derecho migratorio alertan sobre la desprotección jurídica a la que quedan sometidos los colombianos fuera de las fronteras norteamericanas. Mientras que el trámite interno permitía apelar decisiones ante tribunales federales, las negativas emitidas por los consulados en el extranjero —como la Embajada de EE. UU. en Bogotá— se rigen bajo una doctrina de inmutabilidad que las hace prácticamente inapelables.
Esta polémica reforma, que promete desatar una batalla legal sin precedentes en las cortes de la unión americana, amenaza con romper la estabilidad económica de miles de profesionales calificados y familias que veían en el sistema legal su camino seguro hacia el sueño americano.
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