Una inédita y feroz batalla legal en los tribunales federales de Estados Unidos podría redefinir por completo los límites de la estricta política migratoria de la administración de Donald Trump. Cinco ciudadanos colombianos se convirtieron en el eje central de una demanda colectiva interpuesta contra el secretario de Estado, Marco Rubio, y el Departamento de Estado, tras la polémica decisión de congelar las visas de residencia permanente para solicitantes de 75 naciones, incluida Colombia.
La querella, identificada bajo el radicado CLINIC v. Rubio y presentada ante una corte federal de Nueva York, fue impulsada por poderosas organizaciones de derechos humanos como el National Immigration Law Center (NILC) y la clínica jurídica de la Universidad de Yale. Lo llamativo del caso es el perfil de los demandantes: no se trata de solicitudes de asilo o razones humanitarias, sino de profesionales altamente calificados cuyas peticiones basadas en méritos académicos y científicos ya habían sido aprobadas por el propio gobierno estadounidense, pero cuyos procesos fueron bloqueados sorpresivamente en la entrevista consular final.
El Departamento de Estado justificó la medida —anunciada el pasado 21 de enero— asegurando que se trata de una “pausa temporal” para evitar que estos inmigrantes se conviertan en una “carga pública”. Sin embargo, la defensa tacha este argumento de “infundado y demostrablemente falso”, acusando al gobierno de revivir cuotas discriminatorias basadas en el origen nacional que se creían superadas desde la era de los derechos civiles.
De acuerdo con los expedientes judiciales y perfiles revelados por El Tiempo, estos son los profesionales colombianos atrapados en el limbo migratorio:
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Fernando Lizcano Losada (Endocrinólogo de élite): con más de 30 años de experiencia, es fundador del centro de investigación biomédica de la Universidad de La Sabana y exinvestigador posdoctoral de la Escuela de Medicina de Harvard. Su nivel científico le valió la aprobación en 2025 de la prestigiosa categoría EB-1A, conocida informalmente como la “visa Einstein” (para habilidades extraordinarias). Planeaba continuar en Harvard sus investigaciones contra el cáncer de seno, pero su visa fue suspendida tras su entrevista consular el 22 de enero de 2026.
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Juan David Buitrago Cagua (Ingeniero en energías renovables): especialista en sistemas solares fotovoltaicos y almacenamiento de energía. Tenía aprobada una visa EB-2 por Interés Nacional desde febrero de 2024. Viajó desde Lisboa (Portugal), donde reside, hasta Bogotá para su cita final, solo para recibir la notificación de que su proceso quedaba congelado de inmediato.
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Mayra Alejandra Alcendra Moscote (Experta en el sector energético): profesional especializada en finanzas, gestión de proyectos y regulación de los sectores minero y petrolero. Radicada en España, contaba con una petición EB-2 por Interés Nacional aprobada desde noviembre de 2023. Su proceso se detuvo en seco en la embajada debido al decreto de Washington.
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Andrés Alfonso Medina Ramírez (Arquitecto de infraestructura sostenible): Diseñó una iniciativa orientada a promover la construcción de viviendas ecológicas y resistentes a desastres climáticos para comunidades vulnerables en EE. UU. Su petición fue aprobada en abril de 2025, pero al asistir a su entrevista consular en Bogotá el pasado 22 de enero de 2026, el sistema le bloqueó el visado.
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Lina Margarita Angulo Peñaranda (Diseñadora y arquitecta): con más de dos décadas de trayectoria, su proyecto fue avalado bajo la categoría EB-2 por Interés Nacional debido a su potencial para generar empleo y capacitación en la industria estadounidense utilizando materiales y proveedores locales. Su trámite quedó frenado de golpe en la fase consular final.
Los abogados de los demandantes sostienen que el Departamento de Estado está imponiendo un veto generalizado por nacionalidad, violando la obligación legal de evaluar de manera individual cada expediente.
“El gobierno está bloqueando los procesos de personas que ya habían superado años de evaluaciones y revisiones individuales, sustituyendo ese análisis por una prohibición general basada únicamente en el país de origen”, señala la demanda.
El desenlace de este litigio marcará un antes y un después en la geopolítica migratoria. Si los profesionales colombianos ganan el pulso, obligarán al secretario Marco Rubio a reanudar de inmediato el procesamiento normal de visas para las 75 naciones afectadas. Por el contrario, una victoria para la Casa Blanca consolidará una de las restricciones más severas, amplias y de mayor alcance contra la inmigración legal en la historia reciente de los Estados Unidos.
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