Q'hubo Ibagué: encuentre las noticias de Ibagué, Líbano, Espinal, Cajamarca y todo el departamento del Tolima en este medio regional.
El inicio de 2026 representa un momento crucial para el mercado laboral colombiano debido a la administración de las cesantías, un beneficio social fundamental que actúa como un respaldo económico en caso de desempleo y cuyo monto equivale a un mes de salario por cada año laborado. Una vez vencido el plazo para que los empleadores pagaran el 12% de intereses sobre las cesantías acumuladas hasta el 31 de enero de 2026, según las disposiciones legales, la atención se dirige ahora a la consignación del capital principal en los fondos administradores correspondientes. Esta segunda etapa constituye uno de los procedimientos anuales más relevantes para millones de trabajadores en Colombia, quienes dependen de este sistema de protección social en escenarios de terminación laboral o para afrontar circunstancias específicas.
La normativa establece que las empresas deben depositar las cesantías, a más tardar, el 14 de febrero de cada año. Sin embargo, para 2026 se presenta la particularidad de que esa fecha corresponde a un sábado, considerado día no hábil en términos bancarios, por lo que el plazo se traslada automáticamente al lunes 16 de febrero. Es así como los empleadores calculan el pago sobre la base del salario devengado por el trabajador durante 2025. Además, se debe considerar que el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) fijado para 2026 es de $1.750.905, cifra que sirve de parámetro tanto para las cesantías como para otras obligaciones laborales.
En el marco de este proceso, el Ministerio del Trabajo y la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) han puesto particular énfasis en el fortalecimiento de los mecanismos de control ante el aumento de intentos de retiros irregulares de cesantías. A través de la integración de bases de datos, estas entidades buscan detectar y prevenir fraudes relacionados con la falsificación de documentos o la simulación de inversiones inmobiliarias y reparaciones locativas que en realidad no existen. El objetivo central de estas acciones es garantizar que los recursos de las cesantías se utilicen exclusivamente conforme a lo dispuesto en la ley.
La legislación estipula que los retiros parciales de cesantías sólo pueden realizarse bajo tres tipos de conceptos: adquisición, construcción, mejora o pago de gravámenes de vivienda; pagos de matrículas de educación superior para el trabajador, su cónyuge o sus hijos; y por la adquisición de acciones estatales. El incumplimiento de estas disposiciones puede tener serias consecuencias para empleadores y trabajadores, ya que las empresas podrían verse expuestas a sanciones económicas que superan los 5.000 salarios mínimos diarios si no verifican de manera adecuada la documentación presentada.
Para los empleados, la utilización fraudulenta de documentos con el fin de retirar cesantías podría traducirse en la pérdida de este respaldo económico, además de proceder a un despido con justa causa debido a la ruptura del principio de buena fe dentro de la relación laboral y la potencial apertura de procesos penales. Por ello, las autoridades han reiterado la importancia de respetar estrictamente la normatividad, en tanto el correcto funcionamiento de las cesantías protege tanto la estabilidad financiera como la empleabilidad de la fuerza laboral colombiana.
¿Qué significa "simulación de reparaciones locativas" en el contexto de las cesantías?
La expresión “simulación de reparaciones locativas” se refiere a la presentación de información o documentos falsos para aparentar la realización de obras o mejoras en una vivienda, con el propósito de justificar un retiro irregular de cesantías. Según lo dispuesto por el Ministerio del Trabajo y la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), este tipo de simulaciones constituye uno de los fraudes más vigilados, dado que atenta contra los fines mismos de las cesantías.
La relevancia de este tema radica en la función social que cumplen las cesantías, ya que están destinadas a proteger a los trabajadores frente al desempleo o para atender situaciones específicas claramente definidas por la ley. Cualquier desviación en el uso de estos fondos afecta la confianza y la estabilidad del sistema, por lo que las entidades estatales han fortalecido sus estrategias de supervisión y sanción frente a quienes intentan vulnerar los requisitos legales a través de simulaciones o falsedades documentales.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO
.svg)
