Cuando Gustavo Petro era candidato, señaló tres aspectos en los que concentraría su gobierno: la lucha contra el hambre, investigar la corrupción con ayuda de la ONU y acabar el ‘fracking’ en Colombia. Hoy, el candidato de izquierda que aspira a sucederlo, Iván Cepeda, anuncia acciones sobre la corrupción que superan la mera etapa de investigación: “En mi gobierno, vamos a crear un sistema anticorrupción que será implacable con todas las personas, independientemente de su origen político, de si está o no en mi administración; serán sometidas a procesos de investigación y sanción, si eso se amerita”.
Las promesas del presidente y del candidato condensan la manera como la izquierda plantea enfrentar la corrupción en Colombia, un flagelo contra el que, también hay que decirlo, hasta ahora ningún gobernante ha podido mostrar resultados plausibles. Pero es precisamente eso, la promesa de cambio del primer gobierno de izquierda de Colombia, lo que ha hecho más gravosos los hechos de corrupción que se han presentado en esta administración. En realidad, la promesa de Petro se incumplió incluso desde antes de posesionarse como presidente de la República.
De casos particulares al mamut de la UNGRD
Partiendo del principio universal de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario y sea vencida en juicio, hay que recordar que a Ricardo Roa, gerente de la campaña presidencial de Petro, también presidente de Ecopetrol en licencia, la Fiscalía le está imputando el delito de violación de los topes o límites de gastos en campañas electorales. Según la investigación, Roa “habría permitido que los gastos electorales superaran los topes fijados por la autoridad electoral en 1.388 millones de pesos para la primera vuelta y 276 millones de pesos para la segunda vuelta”.
En otro caso que nada tiene que ver con Petro, a Roa la Fiscalía también le imputa el delito de tráfico de influencias porque presuntamente habría utilizado su posición y cercanía con círculos de poder para obtener beneficios indebidos en la adquisición de un apartamento. Esa operación despertó alertas por sus condiciones y por el momento en el que se realizó. El ente acusador investiga una presunta retribución a Juan Guillermo Mancera, quien obtuvo contratos en Ecopetrol tras haber facilitado la compra del inmueble de Roa.
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Un hecho de corrupción que se ve como una úlcera en las entrañas de la Casa de Nariño es el de Juliana Guerrero, la joven que el Gobierno Nacional quiso nombrar viceministra de Juventudes con títulos irregulares de Contadora Pública y Tecnóloga en Gestión Contable otorgados por la Fundación Universitaria San José, sin ir a clases ni presentar las pruebas Saber Pro. La Fiscalía le está imputando los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. Pese a todo eso, el presidente Petro mantiene a Guerrero como su delegada en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar (UPC).
Angie Rodríguez, exdirectora del DAPRE y gerente del Fondo de Adaptación estremeció a la opinión pública cuando aseguró que le advirtió a Petro sobre la falsedad de los diplomas de Guerrero antes de haber sido nombrada en cargos claves del Gobierno. El presidente, según Rodríguez, nunca le hizo caso. En este caso llamó la atención que, ante semejante escándalo, todas las campañas de los aspirantes a la presidencia emitieron algún concepto. Pero el último en hacerlo fue Cepeda, que pidió una investigación a fondo de la Fiscalía. Los medios venían pidiéndole al candidato del Pacto Histórico una rápida reacción ante las declaraciones de Rodríguez.
Lo de Roa y Guerrero parece un juego de niños ante el más grande escándalo de corrupción que sacude al Gobierno de Petro, el del saqueo a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD), una intrincada trama que tenía entre sus principales propósitos comprar votos en el Congreso para aprobar los proyectos del Gobierno Nacional. Por ese hecho, en primera instancia, están presos el exdirector de la entidad Olmedo López (puesto en el cargo por Petro) y el exsubdirector Sneyder Pinilla.
También permanecen tras las rejas los expresidentes de Senado y de la Cámara Iván Name y Andrés Calle (próximo a Petro), respectivamente, señalados de recibir 4.000 millones de pesos. La señalada de entregar esos recursos, que salió hace poco de la cárcel por vencimiento de términos, no porque su inocencia esté probada, es Sandra Ortiz, exconsejera de Regiones de Petro. Otro involucrado en el caso, señalado de haber dado las ordenes en el entramado, es el exdirector del Dapre Carlos Ramón González, viejo compañero de armas de Petro en el M-19 y hoy prófugo de la justicia en Nicaragua.
Por el caso de corrupción en la UNGRD también permanece tras las rejas Luis Fernando Velasco, exministro del Interior de Petro. Entretanto, Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda de Petro, estuvo detenido, pero, como en el caso de la exconsejera Ortiz, por vencimiento de términos, fue excarcelado. A la lista de presos por este escándalo se suman los nombres de los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique.
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¿La paz a cualquier precio, incluso de corrupción?
Ante semejante mamut inocultable de corruptela con el que cargará para siempre el Gobierno de Petro (así como el de Ernesto Samper jamás se pudo despojar del elefante del 8.000), el candidato Iván Cepeda, no muy dado a criticar al actual Gobierno, como es natural, ha tenido que abordar el tema de la corrupción, sin referirse directamente a la UNGRD. A comienzos de abril, en Pitalito (Huila), dio uno de esos diagnósticos genéricos que no sorprenden porque todo el mundo los conoce: “En Colombia, uno de los más grandes problemas es la corrupción que impera no solo en el Estado, sino en la sociedad”.
Después continuó con otras obviedades hasta llegar a un planteamiento del que no dio mayores detalles: “La gran corrupción nos arrebata el futuro. Y por eso, porque la corrupción es un mal endémico y sistémico en la sociedad colombiana, la propuesta que he presentado es la de que creemos el Sistema Nacional Anticorrupción”. También habló de la implementación de la Ley Nacional Anticorrupción, “que endurecerá las penas y tratará la corrupción como una forma de criminalidad organizada”.
Más adelante, repitió esa suerte de cantinela que entonan, cada vez que están en campaña, todos los políticos: “Lo digo con claridad: en nuestro segundo gobierno, el combate contra la corrupción será implacable. Venga de donde venga y caiga quien caiga. Vamos a enfrentarnos a las mafias políticas de la corrupción. […] Los grandes corruptos no podrán tener casa por cárcel ni beneficios judiciales especiales que burlen la justicia”. Cepeda promete enderezar el camino del primer gobierno en materia de corrupción con mano dura, aunque sin mencionar los casos concretos que han sacudido la administración de Petro.
Quizá el único episodio de corrupción al que ha aludido Cepeda, aunque también de soslayo, es el que tuvo lugar en la cárcel de Itagüí, en donde, con la complicidad de funcionarios del Inpec, varios capos de la delincuencia del Valle de Aburrá con los que el Gobierno entabló diálogos de paz disfrutaron de un concierto vallenato. Lo que dijo el candidato del Pacto Histórico al respecto dejó claro que sí le dará continuidad al Gobierno de Petro, incluso en lo relativo a la corrupción. “Eso lo deben tratar las autoridades de las cárceles, por supuesto. Pero de mí no esperen declaraciones contra la paz en el país”.
Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria
Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.
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