El Consejo Nacional Electoral (CNE) sacudió el panorama político este miércoles, 13 de mayo, al anunciar la apertura de una investigación administrativa y la formulación de cargos contra Invamer, una de las firmas encuestadoras más importantes de Colombia. La decisión se basa en presuntas violaciones al régimen legal que regula los sondeos de opinión y las encuestas electorales.
La magistrada Maritza Martínez lideró la ponencia que, tras una auditoría técnica, encontró “hallazgos no subsanados” en un estudio sobre la democracia realizado en 2025. Según el concepto técnico, existen dudas sobre cómo se calcularon los márgenes de error y si el diseño de la muestra fue realmente representativo.
El CNE fue contundente al señalar cuatro fallas críticas que Invamer no habría logrado explicar adecuadamente. Entre ellas, se menciona la falta de soporte cuantitativo para sus estimaciones, inconsistencias en los datos recolectados (microdatos) y la exclusión de personas que debían ser elegibles para la encuesta, lo que habría alterado los resultados finales.
Para el tribunal, estos errores impiden que los resultados puedan ser verificados de forma independiente, lo que afecta directamente la “confiabilidad de la información difundida al público” y, por ende, la formación de la opinión de los votantes.
Invamer no solo se enfrenta a una sanción económica. La resolución conocida por Semana advierte que, de hallarse culpable tras el debido proceso, la firma podría enfrentar desde multas millonarias hasta la suspensión o prohibición definitiva para realizar encuestas en el país, según lo estipulado en la Ley 130 de 1994.
La encuestadora fue notificada y ahora cuenta con 15 días hábiles para presentar sus descargos y las pruebas necesarias que desvirtúen los señalamientos del CNE. El resultado de este proceso será vital para la transparencia de las mediciones que se publiquen en la recta final de la carrera presidencial de 2026.
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