Por: CENET

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Este artículo fue curado por pulzo   Sep 30, 2026 - 7:04 am
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El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, anunció ante la Comisión Quinta del Congreso que el Gobierno presentó con mensaje de urgencia el proyecto de ley 401, cuyo principal objetivo es realizar un traslado presupuestal de 1,2 billones de pesos para cubrir las necesidades prioritarias del sistema eléctrico de la Costa Caribe. Según lo expuesto por el funcionario, estos recursos buscan asegurar la continuidad del servicio durante el periodo crítico asociado al fenómeno de El Niño, que agrava las dificultades en la región.

Durante su intervención, Gómez explicó que esta medida responde a una emergencia de corto plazo y recalcó que no debe entenderse como una solución definitiva a los problemas estructurales que arrastra el sistema eléctrico de la Costa Caribe. El ministro subrayó la urgencia de la aprobación del proyecto como única vía para continuar entregando recursos mientras se superan las dificultades ocasionadas por el fenómeno climático. Gómez fue enfático al advertir que este traslado presupuestal no corregirá las fallas de fondo, sino que simplemente permitirá afrontar los meses más complejos de presión sobre el suministro eléctrico.

El ministro trazó un panorama histórico de la crisis eléctrica en la región y opinó que no se trata de inconvenientes recientes. Recordó las intervenciones estatales a empresas como Corelca y Electricaribe, así como la significativa inversión pública para atender las obligaciones sectoriales, que entre créditos y pasivos asumidos sumaron 7,5 billones en su momento, cifra que podría ubicarse en torno a 11 billones al valor presente. Gómez tomó estos antecedentes para señalar que los créditos de corto plazo no han remediado los problemas de índole financiera y operativa.

De acuerdo con su análisis, los conflictos en la Costa Caribe podrían impactar al sistema eléctrico nacional si no se abordan integralmente. Gómez abogó por una política energética que reconozca la particularidad de la región y la necesidad de aprovechar fuentes de generación térmica, eólica y solar, en especial el potencial de La Guajira, donde varios proyectos han enfrentado retrasos. También cuestionó que los recursos de regalías no se hayan destinado a la modernización de la red eléctrica, lo cual aumentaría la resistencia de la infraestructura frente a condiciones de calor, humedad y salitre propias de la zona.

Finalmente, Gómez enfatizó en la importancia de involucrar a gobernadores y alcaldes de la Costa Caribe en las soluciones, sosteniendo que la responsabilidad sobre el sistema eléctrico debe ser compartida entre la Nación y los gobiernos territoriales. El proyecto de ley, según precisó, tiene como finalidad atender necesidades inmediatas y deja abierta la discusión sobre futuras reformas estructurales al sistema en el Congreso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las causas del traslado presupuestal para el sistema eléctrico de la Costa Caribe?

El traslado presupuestal de 1,2 billones de pesos fue impulsado, de acuerdo con el ministro Miguel Gómez, para enfrentar las necesidades inmediatas del sistema eléctrico de la Costa Caribe durante el periodo de presión provocado por el fenómeno de El Niño. Este traslado se presenta como una medida de emergencia y se justifica en la acumulación de problemas financieros y de infraestructura no resueltos durante años, lo que requiere atención inmediata para evitar interrupciones significativas en el suministro.

¿Por qué el traslado presupuestal no es una solución estructural al problema eléctrico de la Costa Caribe?

El ministro Gómez recalcó que el traslado presupuestal atiende únicamente la coyuntura actual y no representa una solución estructural. De acuerdo con lo expuesto, los fondos permitirán responder a las obligaciones de corto plazo, pero no resolverán los problemas de base, como el financiamiento, la modernización de la infraestructura, la generación de energía y la falta de corresponsabilidad de los entes territoriales. Estos aspectos, consideró, requieren un debate más profundo y reformas de largo alcance en el Congreso.


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