En la sentencia T-512 de 2025, el alto tribunal estableció que las entidades públicas deben cumplir un trámite obligatorio antes de desvincular a empleados, incluso cuando existan causales legales para hacerlo.
El pronunciamiento surgió tras analizar el caso de una mujer de 67 años, auxiliar de servicios generales en una Secretaría de Educación, quien fue despedida pese a ser madre cabeza de hogar, tener problemas de salud y estar próxima a pensionarse.
La Corte concluyó que sus derechos fundamentales fueron vulnerados, ya que la entidad no verificó si debía aplicarse un trato preferencial ni exploró alternativas para mantenerla vinculada.
Asimismo, la Corte explicó que existen dos tipos de estabilidad laboral: la reforzada, para quienes acceden por concurso, y la relativa, para cargos provisionales.
Estos últimos pueden ser desvinculados, pero deben recibir un trato especial si son cabeza de familia, tienen enfermedades o están cerca de pensionarse.
Finalmente, ordenó que antes de despedir a estos trabajadores se evalúe su situación, se priorice su permanencia o reubicación, y, en casos de salud, se garantice la continuidad de la atención médica.
Despidos en Colombia y por qué hay regulaciones para las empresas
En Colombia existen regulaciones sobre despidos para equilibrar la relación entre empleadores y trabajadores, evitando abusos y protegiendo derechos fundamentales.
El trabajo es un derecho constitucional, por lo que el Estado interviene para garantizar condiciones justas y estabilidad mínima, especialmente en un mercado laboral con alta informalidad y desigualdad.
Una de las principales razones es proteger el mínimo vital de las personas. La pérdida del empleo puede afectar el acceso a ingresos, salud y bienestar, por lo que la ley exige causas justificadas o el pago de indemnizaciones.
Además, se busca evitar despidos discriminatorios o arbitrarios, especialmente contra poblaciones vulnerables como mujeres embarazadas, personas con discapacidad, trabajadores próximos a pensionarse o cabezas de familia.
También existen normas para garantizar el debido proceso. Esto implica que el trabajador tenga derecho a conocer las razones de su despido y, en algunos casos, a defenderse antes de ser desvinculado. En el sector público, estas reglas son aún más estrictas para asegurar transparencia.
Por otro lado, las regulaciones brindan seguridad jurídica tanto a empleados como a empresas, estableciendo reglas claras. En conjunto, estas medidas buscan promover relaciones laborales más estables, proteger la dignidad humana y evitar que el despido se use como herramienta de presión o abuso.
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