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El superintendente financiero de Colombia, César Ferrari, comunicó a EL COLOMBIANO que la entidad inició investigaciones de oficio a raíz de las recientes interrupciones en los servicios de Bancolombia. La decisión surge después de que la entidad recibiera cerca de 7.400 quejas de clientes en solo dos días, de las cuales 1.450 estaban relacionadas con los canales de comunicación del banco. Ferrari manifestó que, de ser necesario, podrían imponerse multas a la institución, subrayando la obligación de proteger a los consumidores frente a este tipo de contingencias.
Según el superintendente, la raíz de la problemática se encuentra en un proceso de cambio tecnológico dentro de Bancolombia: el banco realizó una migración de plataforma que, aunque parecía transcurrir de manera normal, terminó con un apagón inesperado en el sistema antiguo, lo que causó la caída masiva de sus servicios. A pesar de que la entidad rápidamente restableció estados operativos normales según los informes recibidos, las investigaciones continúan para determinar las causas profundas y evitar futuras afectaciones a los usuarios.
Ferrari explicó que el tamaño y crecimiento de Bancolombia han convertido a la entidad en la más grande del sistema, con aproximadamente 26 millones de clientes y una estructura que fue creciendo con nuevas plataformas y sistemas agregados. Esta expansión, aunque necesaria para responder a la demanda, ha vuelto complejo el proceso de integración tecnológica, generando incompatibilidades que dificultan soluciones integrales y rápidas.
La Superintendencia Financiera de Colombia mantiene vigilancia permanente sobre el sistema, activando comunicaciones y mesas de trabajo cada vez que surgen eventos que puedan afectar la estabilidad o los derechos de los usuarios. En este caso, desde el lunes en la mañana, estas mesas se mantienen activas para identificar las causas raíz y garantizar que las entidades informen sobre canales alternativos para transacciones y consultas.
En paralelo, el superintendente mencionó la realización de reuniones entre el Gobierno Nacional y los principales bancos del país, enfocados a responder a la emergencia invernal que afecta al norte del país. En dichas reuniones, presididas por el ministro de Hacienda y altos directivos de instituciones como Grupo Aval, BBVA, Davivienda, Bancolombia y Banco Caja Social, se discuten alivios financieros para los deudores perjudicados, así como la posibilidad de otorgar hasta 130.000 nuevos créditos dirigidos a la reactivación productiva.
Entre las alternativas planteadas está la propuesta de Asobancaria (Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia) de suspender el cobro de intereses durante un año y mantener la calificación crediticia, incluso si los beneficiarios incurren en mora derivada de la emergencia. También se evalúan ajustes regulatorios, incluyendo la reducción de provisiones para mejorar la liquidez del sistema. Asimismo, la autoridad recordó la importancia de resarcir a aquellos usuarios directamente perjudicados y aseguró que la vigilancia de la Superintendencia permanece constante para que esto se cumpla.
De esta manera, tanto la supervisión ante incidentes tecnológicos como la respuesta frente a emergencias sociales muestran la dinámica de control, regulación y diálogo entre el Estado y el sector financiero colombiano. En momentos de crisis, la coordinación institucional y el seguimiento riguroso a las entidades financieras resultan fundamentales para sostener la confianza ciudadana y la seguridad del sistema bancario.
¿Qué papel juega la Superintendencia Financiera en casos como el registrado con Bancolombia?
La Superintendencia Financiera de Colombia tiene la responsabilidad de supervisar, investigar y sancionar a las entidades vigiladas cuando se presentan fallas operativas o tecnológicas que afectan a los usuarios, como ocurrió en Bancolombia por la migración de plataformas. En estos escenarios, actúa de oficio a partir de los reportes ciudadanos o propios, dialogando con las directivas de la entidad, verificando las causas mediante su delegatura de riesgo cibernético y, cuando corresponde, imponiendo sanciones o requerimientos. Su labor se orienta, principalmente, a defender los intereses de los usuarios bancarios y a mantener la estabilidad y confianza en el sistema financiero nacional.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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