El revolcón a los subsidios del Gobierno de Gustavo Petro dejará por fuera a millones de familias pobres y vulnerables que hoy se enfrentan a una inflación todavía histórica y a un enfriamiento de la economía. Los cambios vienen con la creación de un nuevo programa de subsidios, llamado ‘Renta Ciudadana’, que unificará en 2024 los programas anteriores, como ‘Familias en Acción’, en un solo sistema. Pero al dejar a unos 3 millones de hogares por fuera corre el riesgo de incumplir sus propias metas para bajar la pobreza.

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Además, la reinvención pasa por sacar a los bancos privados de los giros monetarios. El Departamento de Prosperidad Social (DPS), entidad que gestiona los subsidios, escogió al Banco Agrario sin licitación, lo que podría generar problemas por su infraestructura tecnológica limitada.

Esa reconfiguración de los subsidios es la más profunda en los últimos 20 años. ‘Familias en Acción’ nació en los noventa y ‘Jóvenes en Acción’ y ‘Colombia Mayor’ en el 2012.

Las metas del Gobierno para reducir la pobreza en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), que todavía está en trámite en el Congreso, son ambiciosas. Según las bases del plan, esperan que la pobreza monetaria pase de 39 por ciento en 2021 a 30 por ciento en 2026. La meta para la pobreza extrema es pasar del 12,2 por ciento a 3,4 por ciento en el mismo periodo. Es decir que esperan que 3 millones de personas salgan de la pobreza monetaria y otras 4 millones salgan de la extrema.

Pero todavía no es claro cómo lo van a lograr porque la cobertura para su nuevo paquete de subsidios es menor que la de los últimos tres años, cuando el gobierno de Iván Duque tuvo que expandir los subsidios por la pandemia y creó ‘Ingreso Solidario’.

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En 2022, 7,1 millones de hogares recibieron alguna transferencia monetaria del Estado. Entre esos están las 4 millones de familias que recibieron ‘Ingreso Solidario’, una transferencia no condicionada que se creó durante la pandemia para atender la crisis por COVID-19. El resto están cubiertos por las otras transferencias condicionadas del Gobierno como ‘Familias en Acción’, que cubre a 2 millones de personas, ‘Jóvenes en Acción’, que llega hasta 500.000 jóvenes, y ‘Colombia Mayor’, que llega a 1,6 millones de adultos mayores.

El problema es que desde diciembre del año pasado, los 4 millones hogares cobijados por Ingreso Solidario dejaron de recibir esa plata porque el programa tenía vigencia por ley hasta 2022. Hoy, cuatro meses después, no se sabe si esas personas van a entrar a algún programa de transferencias porque lo están definiendo en el debate del PND.

Los programas sociales son una herramienta poderosa para contener la pobreza porque pueden evitar que la gente más vulnerable empeore su situación, e incluso la mejore. Los datos más recientes de pobreza publicados por el Dane el año pasado, muestran que los programas sociales evitaron que alrededor de 2 millones de personas entraran en la pobreza monetaria en 2021. El dato de pobreza de 2022 todavía no se conoce y el Dane aún no ha confirmado la fecha de publicación.

Para Roberto Angulo, socio fundador de la firma Inclusión y exdirectivo del DNP, ahora el reto es que con el nuevo paquete de subsidios se evite que más personas entren a la pobreza. “El Gobierno debería ser un poco más claro y decir si la estrategia que tienen es mejor que Ingreso Solidario. Porque si la nueva estrategia no logra retener por fuera de la pobreza al menos a 1,8 millones de personas, entonces no mejoramos con respecto a lo que traíamos”.

La otra presión es la de la inflación. Según el Dane, ese dato llegó a 13,34 por ciento a marzo, pero para los hogares más pobres el incremento se siente más en sus bolsillos porque gastan una mayor proporción de sus ingresos en comida, que es lo que más ha subido. Por eso, la inflación para esos hogares es de casi 14 por ciento.

Según explicó Henner Solarte, economista de la Universidad de Eafit y quien ha trabajado evaluando el impacto de subsidios en Antioquia, “podríamos inferir que las familias han perdido bienestar por la demora del Gobierno. Eso tiene impactos en el hambre, la formalización y la deserción escolar”.

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Lo que dice el Plan Nacional de Desarrollo sobre subsidios

Una de las banderas del Gobierno Petro durante campaña fue la de crear una renta básica para bajar la pobreza. Y para eso, la promesa ha sido unificar todas las transferencias existentes de gobiernos pasados, como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor en una sola renta y con mejor focalización. Es decir, identificar mejor quiénes son los que más necesitan esos subsidios. Esa propuesta está en un par de artículos del PND, que todavía no se ha aprobado en el Congreso.

Según dice el PND en el artículo 53, ese paquete de subsidios también tendrá un componente de transferencias en especie. Eso quiere decir que además de girar una plata a los hogares, también les darán otras cosas como comida a través de ollas comunitarias. Eso se materializará en el programa de Hambre Cero, con el que el Gobierno dará bonos de mercado y alimentos para hogares pobres, con la participación de organizaciones comunitarias o campesinas.

Como el PND todavía no se ha aprobado y ahí están los artículos que le dan luz verde a las transferencias unificadas, el Gobierno cogió la base legal de ‘Familias en Acción’ para crear ‘Renta Ciudadana’ mientras crean un modelo más robusto. Es decir, tendrán un programa transitorio para 2023, mientras crean el sistema de transferencias desde el 2024. Y en el camino, mientras definen cómo funcionarán esos subsidios, familias que eran beneficiarias de Ingreso Solidario quedarán desamparadas en caso de que no apliquen a los requisitos de las transferencias condicionadas.

Cielo Rusinque, directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), lanzó la semana pasada ‘Renta Ciudadana’, un programa que llegará a más gente que ‘Familias en Acción’, pero a mucho menos gente que ‘Ingreso Solidario sumados’.

El año pasado, Ingreso Solidario llegó a 4 millones de hogares con una transferencia de alrededor de 160.000 pesos. ‘Renta Ciudadana’ llegará a 3,3 millones con montos de hasta 500.000 pesos, incluyendo las dos 2 millones que ya están en ‘Familias en Acción’, a partir del 29 de abril. Y una de las claves de Ingreso Solidario es que le llegaba a familias con pobreza monetaria, extrema y vulnerables que no recibían ningún subsidio del gobierno porque no cumplían los requisitos para hacerlo. Por eso es que el nuevo paquete social de Petro dejaría a mucha gente por fuera.

“Es claro que la salida de Ingreso Solidario tendrá un impacto en la incidencia que tienen los programas sociales en la reducción de pobreza”, le dijo a La Silla un funcionario del Gobierno que conoce de cerca la arquitectura de los nuevos programas sociales. Esta persona pidió no revelar su identidad porque no es un vocero autorizado del tema.

Rusinque, durante la rueda de prensa, aclaró que los paquetes sociales del Gobierno buscan llegar a más personas y que están trabajando todavía para cruzar las bases de datos para saber quiénes lo necesitan más. “La implementación de tránsito a ‘Renta Ciudadana’ ha sido un laboratorio en la introducción de filtros internos y externos, que mejoran la calidad de la información”, dijo.

“La directora dice que es un programa más robusto en términos del monto y sí. Pero cae en términos de la población que va a recibir transferencias. Habrá que ver cuál es el balance neto del beneficio sobre la población pobre de este ejercicio de reducir cobertura y elevar montos”, agregó Angulo, quien además fue director del Sisbén en el DNP.

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El Gobierno saca a los privados de los giros de subsidios

El programa de ‘Renta Ciudadana’ también mete al Estado como único operador de esas transferencias, que moverán unos 7 billones de pesos al año y que llegarán a 3,3 millones de hogares. Esa decisión va en línea con la idea de Petro de que los privados no deberían manejar recursos públicos, como también lo plantea la reforma pensional y la de salud.

El nuevo operador será el Banco Agrario, que es un banco público con presencia en todos los municipios del país con oficinas físicas. Sin embargo, tiene una infraestructura limitada. “En Quibdó el Banco Agrario solamente tiene un cajero. En el pasado eso ha generado filas de decenas de personas esperando para poder retirar el subsidio”, cuenta el economista Solarte, que es chocoano.

Estas limitaciones del banco estatal también son tecnológicas. Por ejemplo, no tiene una plataforma de giros con el número de celular, como Nequi o Daviplata, que funcionaron en la pandemia con Ingreso Solidario y que hoy tienen entre 16 y 17 millones de cuentas cada uno. Es decir, con su tecnología llegaron a más personas que un banco tradicional.

“Ante la pregunta sobre si Banco Agrario no tiene la misma tecnología, ellos han invertido dinero en los últimos años para mejorar eso”, dijo durante una rueda de prensa Rusinque, sin aclarar qué precisamente a qué se refería. El DPS respondió a unas preguntas de La Silla sobre esto remitiéndose a información ya publicada y a la rueda de prensa.

“Es bueno saber si el Banco Agrario tiene ese tipo de soluciones como Nequi o Daviplata para hacer pagos y no someter a la gente a problemas de hace 10 años que tenían ciudades como Quibdó y sus filas de decenas de personas esperando para poder retirar el subsidio”, dice Solarte.

Según datos de Banca de las Oportunidades, una entidad del Gobierno que promueve la bancarización, solo con la pandemia la inclusión financiera en el país pasó de 82 por ciento en 2019 a 92 por ciento en 2022. Y un informe del gremio de los bancos, Asobancaria, reconoce que “las transferencias no condicionadas a cuentas de ahorro del sistema financiero ayudaron a aumentar los niveles de acceso y uso de los productos financieros, llevando los beneficios del ecosistema de pagos y transacciones a las poblaciones en la base de la pirámide”.

Una persona del sector financiero que habló con La Silla con la condición de no ser citada, reconoció que la salida de otros operadores, “es una oportunidad desaprovechada. Ya hay un aprendizaje de país de los últimos años y llevamos un avance de 10 años con otros privados”.

El argumento del Gobierno para elegir al Banco Agrario fue que les cobraban una tarifa más barata que los otros bancos privados. “La simulación en Colombia Compra Eficiente nos mostraba un mínimo de 3.770 pesos por transacción; el Banco Agrario ofreció un costo 3.200 pesos por cada transacción. De hecho, en operaciones anteriores, el costo por transacción era de 4.500 pesos”, explicó la directora del DPS.

Según Rusinque, la manera en la que determinaron que Banco Agrario era más barato fue que hicieron una “simulación” en el sistema de Colombia Compra Eficiente y con base en eso determinaron que el banco estatal era el más barato. Es decir, no hubo una licitación pública para elegir a un operador y lo eligieron directamente.

“No es transparente que el Gobierno no haya hecho una licitación. Además prefirió irse con un solo oferente cuando ya llevamos más de 10 años usando varios canales”, dijo Solarte.

Por otro lado, no es claro que el precio que ofrece el Banco Agrario sea de hecho tan competitivo. En el pasado, como reveló el periodista Sebastián Nohra de Blu Radio, bancos privados han hecho ofertas de giros por menos. Por ejemplo, para el giro de Jóvenes en Acción que el DPS firmó recientemente, Davivienda ofreció 1.800 pesos por transacción.

Además, esa idea contrasta con el mismo PND. En su artículo 54 propone que para fomentar la inclusión financiera, los beneficiarios podrán elegir por dónde quieren que les pasen la plata. Aunque una de las banderas del Gobierno Petro es la de bajar la pobreza del país, lo cierto es que por ahora no hay claridad de cómo un revolcón de subsidios que le llegarán a menos gente lo pueda llevar a cumplir sus metas.

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