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La polémica licitación para la impresión de visas y pasaportes atraviesa por un nuevo capítulo. Tras la avalancha de críticas y cuestionamientos por supuestos favorecimientos a la empresa Thomas Greg, la Cancillería le solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar el proceso para evitar irregularidades.
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Se trata de un proyecto que costará casi medio billón de pesos y cuya licitación está en la lupa de la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades con los cronogramas y requisitos.
El problema se reduce a una sola compañía: la multinacional Thomas Greg and Sons (TGS), una poderosa empresa familiar que tiene presencia en 12 países y que ha dominado esa contratación pública para la impresión de pasaportes durante los últimos 17 años.
Con las condiciones actuales, las otras 10 multinacionales que estaban interesadas en la contratación quedaron por fuera dada la cantidad de requisitos, excepto TGS, quien parece tener una “licitación de bolsillo” preparada para que solo ellos puedan ganar.
El problema ha sido tal que EL COLOMBIANO ha sabido de por lo menos tres reuniones privadas en las que el canciller Álvaro Leyva ha recibido a empresas y expertos que le han explicado lo delicado de la situación y las consecuencias de permitir que Thomas siga apoderado de ese millonario mercado.
Bajo ese panorama, la Cancillería publicó este martes un documento oficial con el que le pide a la Fiscalía que, si lo ve pertinente, “adelante las investigaciones que considere necesaria para establecer la existencia de cualquier irregularidad o ilicitud que pueda presentarse o haberse presentado en el procedimiento licitatorio referido, conformando una noticia criminal para que la entidad a su cargo adelante la instrucción que concluya con las peticiones de rigor ante los jueces de la república”.
La carta es un corto mensaje de dos páginas en las que la Cancillería reconoce que la licitación está rodeada de muchas dudas de los medios de comunicación y de la opinión pública en general y solicita que sea investigada para blindarla de cualquier hecho de corrupción.
En la firma aparece el nombre de José Antonio Salazar Ramírez, secretario general (e) de la Cancillería que, según confirmó este diario, también ha estado presente en esas reuniones a las que ha asistido Leyva para enterarse de los presuntos favorecimientos a Thomas.
Hasta ahora, la Fiscalía no se ha pronunciado sobre si abrirá una indagación preliminar o algún procedimiento sobre esa licitación.
Sin embargo, los tiempos están en contra y lo más probable es que Thomas terminará llevándose, de nuevo, ese jugoso contrato que ha dominado durante los últimos 13 años. Sin embargo, recientemente la Cancillería publicó cómo calificó a dicha firma y sorprendió.
Del otro lado –entre las empresas que estuvieron como oferentes y que tuvieron que retirarse tras no hallar condiciones–se encuentran gigantes como Veridos, la imprenta nacional alemana; InGroup, encargada de esos documentos oficiales para Francia, Perú y varias naciones más y Cadena, una firma paisa aliada a la Casa de Moneda de Portugal que hoy les imprime pasaportes y documentos oficiales a varios países de Europa y América Latina.
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Así las cosas, la licitación sigue estando rodeada de un pésimo clima en el que expertos y empresarios consideran que hay beneficios claros para Thomas.
De hecho, este martes también se conoció que radicaron una acción popular contra la Cancillería por dicho proceso de licitación.
Tal como reza el documento, la acción legal “pretende que cesen las vulneraciones a los derechos colectivos a la Moralidad Administrativa, al Patrimonio Público y a la Libre Competencia Económica, en virtud de las actuaciones desarrolladas por la entidad en el marco de la Licitación Pública”. La acción popular fue radicada por el abofado Esteban Puyo Posada.
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