Por: EL PILON SA

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Este artículo fue curado por pulzo   Sep 18, 2026 - 5:10 pm
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A pocos meses de la entrada en vigor de la mayor parte de las nuevas disposiciones del sistema pensional, continúa la incertidumbre alrededor del futuro de los ahorros de quienes aprovecharon la ventana de traslado que autorizó la Ley 2381 de 2024. La discusión fue retomada por la senadora Claudia Margarita Zuleta, quien en su cuenta de X (antiguo Twitter) enfatizó la necesidad de revisar qué sucederá con los fondos de quienes hicieron uso de esta ventana excepcional, abierta por el artículo 76 para mujeres con al menos 750 semanas cotizadas y hombres con 900, siempre que estuvieran a menos de diez años de cumplir la edad para pensionarse y recibieran doble asesoría, de acuerdo con la información disponible.

Zuleta hizo hincapié en un vacío normativo, según lo publicado el 16 de septiembre, que complicaría la administración de estos recursos después de abril de 2027, cuando se pondrá en marcha el nuevo sistema. Argumentó, además, que los recursos administrados por los fondos privados, que corresponden a las cuentas individuales de los cotizantes, deben destinarse exclusivamente al propósito pensional. A partir de esto, pidió aclarar cuál será el destino específico del dinero y cuánto necesitará Colpensiones para operar bajo la nueva ley. De acuerdo con la congresista, la asignación para pensiones públicas ronda los 96 billones de pesos, aunque no todo ese valor corresponde a Colpensiones.

En este contexto, la situación se complica por la suspensión provisional del Decreto 415 de abril de 2026, que ordenaba enviar los recursos trasladados directamente desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a Colpensiones, medida frenada por el Consejo de Estado porque, según el tribunal, el Gobierno habría modificado la ruta original prevista por la ley a través de una norma de menor jerarquía. Por ahora, de acuerdo con Colpensiones y lo establecido en la Ley 2381, se indica que los ahorros seguirán en manos de las AFP hasta consolidarse la pensión, y posteriormente se transferirán al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, pero la nueva disposición del Ejecutivo está en discusión judicial.

El debate cobra aún más relevancia debido a los proyectos de reforma presentados por el partido Centro Democrático, que, según explicó Zuleta en entrevista con El Espectador, buscan modificar elementos centrales de la Ley 2381. Entre ellos resalta el umbral de cotización en Colpensiones, así como la ampliación de la libertad de elección para los afiliados y el futuro de quienes no cumplan los requisitos para pensionarse. Sin embargo, cualquier modificación requiere superar etapas legislativas y decisiones judiciales pendientes, como la sentencia de la Corte Constitucional que devolvió ciertas disposiciones a la Cámara para nueva revisión antes de abril de 2027.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pasará con los ahorros de quienes se trasladaron de un fondo privado a Colpensiones según la Ley 2381 de 2024?

Los ahorros de quienes se trasladaron gracias a la ventana que abrió la Ley 2381 de 2024 permanecen administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hasta que estas personas consoliden su derecho a pensión. Según la propia ley y Colpensiones, una vez cumplido ese requisito, los fondos se transferirán al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, aunque actualmente existe discusión jurídica sobre el procedimiento exacto debido a la suspensión provisional del Decreto 415 que buscaba modificar esa ruta.

¿Qué significa el vacío normativo al que hace referencia Claudia Zuleta sobre la reforma pensional?

El vacío normativo mencionado por la senadora Claudia Zuleta se refiere a la falta de una regulación completamente clara sobre la gestión y traslado de los recursos de quienes usaron la ventana de oportunidad para cambiarse de régimen. Esta ausencia de normas concretas estaría dificultando la administración de esos ahorros una vez que entre en operación el nuevo sistema pensional en abril de 2027, especialmente tras la suspensión del Decreto 415 por parte del Consejo de Estado.


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