Mientras países como Argentina, Brasil, Chile y El Salvador ya cuentan con reglas que han impulsado la inversión y la adopción tecnológica de criptomonedas, en Colombia el debate avanza lentamente entre miedos políticos, desconocimiento técnico y temores de sobrerregulación.
El proyecto de ley 510 de 2025 busca regular a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), estableciendo un registro obligatorio bajo la supervisión de la Superintendencia de Sociedades, detalla Forbes.
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Esta medida permitiría mayor trazabilidad, control de riesgos, reporte de operaciones y protección a los usuarios, además de fomentar la innovación y el uso de blockchain en sectores educativos y productivos, añade ese medio.
Expertos señalan que sin reglas claras se facilita el lavado de activos, los hackeos y las estafas, que en 2024 superaron los 2.200 millones de dólares a nivel mundial.
La falta de regulación limita la confianza de inversionistas y deja al país en desventaja competitiva. No obstante, existe preocupación de que una normativa mal diseñada asfixie al ecosistema y frene la innovación.
De aprobarse la ley, Colombia contaría con un marco jurídico específico para el sector cripto, ofreciendo seguridad jurídica y atrayendo inversión, mientras que de no aprobarse seguiría operando bajo normas dispersas y poco efectivas, sentencia esa publicación.
Por qué criptomonedas serían buen negocio para Colombia
Invertir y regular las criptomonedas en Colombia representa una oportunidad estratégica para el desarrollo económico y tecnológico del país. Por un lado, la inversión en este sector abre las puertas a nuevas formas de financiamiento, ahorro y diversificación de portafolios tanto para personas como para empresas. El mercado cripto ha demostrado en otras naciones que puede atraer capital extranjero, impulsar la innovación y dinamizar la economía digital.
Además, en un contexto donde la digitalización de servicios financieros es cada vez más fuerte, abrir espacio a las criptomonedas bajo reglas claras le permitiría a Colombia no quedarse rezagada frente a países de la región que ya avanzaron en esta materia, como Brasil, México o El Salvador. La inversión responsable en criptoactivos, acompañada de educación financiera, también puede convertirse en una herramienta para fomentar la inclusión financiera, permitiendo que personas no bancarizadas accedan a servicios digitales con mayor facilidad.
La regulación, por su parte, es fundamental para garantizar que esta industria se desarrolle de manera segura y sostenible. La ausencia de normas claras genera un entorno de incertidumbre que frena la confianza de inversionistas, usuarios y empresas interesadas en operar en Colombia.
Regular las criptomonedas no significa limitar la innovación, sino establecer un marco que reduzca riesgos como el lavado de dinero, los fraudes, los hackeos o las estafas, que afectan tanto a usuarios como a la estabilidad del sistema financiero. Con una supervisión adecuada y un registro oficial de proveedores, se logra mayor transparencia en las operaciones y se fortalecen los mecanismos de protección para los consumidores.
En conclusión, invertir y regular las criptomonedas en Colombia no solo generaría seguridad jurídica y confianza para quienes participan en el mercado, sino que también estimularía la innovación, atraería inversión extranjera y fomentaría un ecosistema digital competitivo.
Con reglas claras, el país podría aprovechar al máximo el potencial de la tecnología blockchain y posicionarse como un referente en América Latina en el ámbito de las finanzas digitales.
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