La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) confirmó la sanción de 190.547.400 pesos y la suspensión temporal de actividades de tratamiento de datos a Risks International S.A.S. por infringir la normativa de protección de datos personales.
La empresa administraba, mediante la plataforma Siriest–Siscom, una base de datos con información potencialmente negativa sobre cientos de personas, incluyendo antecedentes judiciales, multas, incidentes de seguridad y desempeño laboral.
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Esta base, de consulta abierta y alimentada por clientes, no garantizaba el ejercicio de derechos como la autorización, rectificación o supresión de datos.
La SIC determinó que Risks International recopiló y trató datos sensibles sin la autorización previa, expresa e informada de los titulares, vulnerando la Ley 1581 de 2012, que protege información cuyo mal uso puede generar discriminación.
Además, la base se utilizaba como filtro para contratar personal en transporte de carga, justificándolo como control contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
La autoridad recordó que solo entidades públicas pueden crear bases de datos con ese fin y bajo requisitos legales, no los particulares. Reiteró que todo tratamiento de datos debe cumplir estrictamente con principios como veracidad, calidad, consentimiento y respeto de derechos fundamentales.
Qué es la SIC y cómo funciona en Colombia
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) es una entidad del Gobierno de Colombia, adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, encargada de ejercer funciones de vigilancia, inspección y control sobre diversos aspectos de la actividad económica. Su objetivo principal es proteger los derechos de los consumidores, garantizar la libre competencia en los mercados y velar por el adecuado cumplimiento de las normas de comercio, propiedad industrial y protección de datos personales.
En su funcionamiento, la SIC actúa como autoridad única en varios frentes. En materia de protección al consumidor, supervisa que las empresas ofrezcan productos y servicios que cumplan con las condiciones de calidad, seguridad e información exigidas por la ley. También tramita quejas y reclamos, imponiendo sanciones a quienes vulneren estos derechos.
En el campo de la libre competencia, la SIC previene y sanciona prácticas restrictivas como acuerdos de precios, abuso de posición dominante o actos de competencia desleal. Puede ordenar la disolución de fusiones o adquisiciones que afecten negativamente el mercado.
Como autoridad nacional de protección de datos personales, vigila que las empresas y entidades respeten la Ley 1581 de 2012, asegurando que el tratamiento de la información de los ciudadanos se realice con consentimiento y bajo principios de seguridad y veracidad. Tiene facultades para imponer sanciones económicas y ordenar la suspensión de actividades que vulneren estos derechos.
En el ámbito de la propiedad industrial, la SIC gestiona el registro de marcas, patentes, diseños industriales y denominaciones de origen, protegiendo así los derechos de los creadores y evitando usos indebidos.
El funcionamiento de la SIC se basa en un esquema de investigación y sanción administrativa. Ante una denuncia o de oficio, la entidad adelanta investigaciones, recopila pruebas y emite decisiones mediante actos administrativos. Sus resoluciones pueden ser recurridas por los afectados a través de recursos legales.
Además, la SIC desarrolla programas pedagógicos para informar a los ciudadanos sobre sus derechos y obligaciones en materia de consumo, datos y competencia. También realiza estudios de mercado para detectar riesgos y formular recomendaciones de política pública.
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