La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) aprobó la integración entre Tigo y Movistar en Colombia, una decisión que marca un antes y un después en el mercado de las telecomunicaciones. Sin embargo, el visto bueno no significa que la operación pueda cerrarse de inmediato: la entidad impuso un conjunto de condiciones estrictas que deberán cumplirse para evitar riesgos de concentración y garantizar que los usuarios no se vean afectados.
Según explicó Portafolio, una de las exigencias principales es la separación técnica de los núcleos de red y del Network ID. Esto significa que, pese a la integración empresarial, las compañías deberán mantener independencia operativa en estos componentes, evitando cualquier tipo de coordinación indebida. La separación será permanente, verificable y estará sujeta a auditorías externas para comprobar su cumplimiento.
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Otro punto clave es la obligación de mantener sin cambios las ofertas comerciales actuales. La empresa fusionada no podrá eliminar, modificar o restringir los planes que hoy tienen los usuarios. Además, deberá conservar las condiciones mayoristas para los operadores más pequeños, garantizando el acceso a servicios de voz, datos y mensajería en condiciones justas y no discriminatorias.
La SIC también fue enfática en la protección de los OMV y de los proveedores que operan con Roaming Automático Nacional (RAN). Por eso prohibió modificaciones unilaterales en los acuerdos comerciales y vetó cualquier aumento injustificado en las tarifas de roaming. Toda modificación contractual deberá reportarse semestralmente, detallando si fue consensuada, regulatoria o unilateral. La autoridad advirtió que estos operadores no pueden quedar en desventaja por la integración.
Otro de los riesgos identificados fue la posibilidad de una disminución en la cobertura o calidad del servicio, especialmente en zonas rurales, debido al eventual desmonte de más de 2.000 antenas. Para evitar ese escenario, se prohibió reducir cobertura en áreas apartadas y se ordenaron informes semestrales, criterios técnicos previos para cualquier desmonte y auditorías independientes. Asimismo, Tigo y Movistar deberán informar de manera clara y oportuna a todos sus usuarios sobre el proceso y sus efectos.
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Aunque la SIC ya dio luz verde con condiciones, la integración aún no se materializa. Millicom debe completar dos pasos cruciales: la compra de la participación del Estado en Colombia Telecomunicaciones (Coltel), donde el Gobierno posee el 32,5 %, y la compra de la participación de EPM en UNE–Tigo, cuyo proceso avanza con la venta de acciones bajo la Ley 226. Solo cuando estas operaciones se concreten podrá cerrarse por completo la fusión que transformará el panorama de las telecomunicaciones en el país.
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