Las tiendas de Lili Pink siguen llenándose de clientes en medio del escándalo por presunto contrabando y lavado de activos que investiga la justicia colombiana. Pese a la intervención de las autoridades, los locales continúan operando en diferentes ciudades del país y mantienen una alta afluencia de compradores.
El caso tomó un nuevo giro después de que la Fiscalía General de la Nación comenzara a revisar información relacionada con posibles movimientos irregulares de dinero provenientes de las ventas que actualmente se hacer únicamente en efectivo.
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Mientras se habilitan nuevas cuentas y datáfonos, la administración temporal de las marcas pidió a los clientes seguir comprando para evitar afectaciones a cientos de trabajadores que dependen de la operación comercial. Sin embargo, investigadores consideran que el manejo de grandes cantidades de efectivo dificulta el control en tiempo real de los ingresos.
Las autoridades sostienen que el negocio continúa funcionando con normalidad pese a las medidas judiciales. De hecho, dentro del expediente aparecen cientos de establecimientos comerciales, inmuebles y cuentas bancarias que habrían sido vinculados a la investigación por lavado y contrabando.
“Es casi imposible que se tenga control en tiempo real del efectivo que está ingresando a las 400 tiendas y a la Fiscalía llegó información según la cual los cerebros de la megaoperación de contrabando y lavado seguirían recibiendo dividendos”, explicó la fuente de la Fiscalía a El tiempo.
Según documentos conocidos por El Tiempo, el valor de los activos ocupados superaría los 534.000 millones de pesos. Entre ellos aparecen locales comerciales, propiedades utilizadas para la operación de las marcas, vehículos y dinero en cuentas bancarias.
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La investigación también alcanzó a David Abadi y Max Marvin Abadi, señalados como presuntos responsables de la red investigada. Las autoridades revisan información según la cual David Abadi habría renunciado a la ciudadanía colombiana para evadir a la justicia, mientras su defensa insiste en que responderán ante la justicia y niegan irregularidades en la importación de mercancía.
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