Kokoriko, OMA y Presto son algunas de las empresas que recientemente han anunciado cambios en el territorio nacional.
Por un lado, la cadena de restaurantes Kokoriko cambia de propietario tras cerca de nueve años bajo el control del Grupo IGA. La compañía fue adquirida por el fondo de inversión KKO, conformado por empresarios locales, lo que implica un giro hacia un esquema de capital nacional.
Con esta operación, la marca deja de estar vinculada al grupo empresarial relacionado con Andrés Carne de Res. Kokoriko es un actor importante en el mercado, impulsado por el alto consumo de pollo en Colombia.
Según su CEO, Eliseo Herrera, la empresa vende más de 1,3 millones de pollos al año, en un contexto donde una gran parte de los colombianos consume este producto de forma frecuente, consolidándolo como un alimento esencial en la dieta.
Por otro lado, la cadena de cafeterías OMA logró asegurar su continuidad tras la aprobación de un acuerdo de reorganización empresarial por parte de la Superintendencia de Sociedades.
Este proceso, enmarcado en la Ley 1116 de 2006, permite a la empresa reestructurar deudas cercanas a $76.000 millones, que serán pagadas en un plazo de diez años. El acuerdo contó con el respaldo del 76,3% de los acreedores, cumpliendo los requisitos legales.
La reorganización garantiza la preservación de 477 empleos y la operación de 86 puntos de venta en el país. Además, ofrece seguridad jurídica a los acreedores y permite que la empresa continúe operando mientras normaliza su situación financiera. En conjunto, ambos casos reflejan estrategias distintas —inversión y reestructuración— para sostener y fortalecer empresas del sector gastronómico en un entorno económico desafiante.
En el caso de Presto, otra compañía importante en el país, la Superintendencia de Sociedades informó que la audiencia de confirmación del acuerdo de reorganización de Franquicias y Concesiones S.A.S. fue suspendida por decisión del juez del concurso.
Esta medida responde a una orden provisional del Juzgado Quinto de Familia de Medellín, derivada de una acción de tutela presentada por un acreedor, quien alega la posible vulneración del derecho de petición.
La suspensión se mantendrá hasta que exista una decisión de fondo sobre este recurso, lo que deja en incertidumbre el futuro inmediato de la compañía. Mientras tanto, la entidad continuará ejerciendo labores de seguimiento y control sobre el proceso, a la espera de que se resuelva la situación jurídica que permita retomar el trámite de reorganización.
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