La medida cautelar, adoptada por el magistrado que estudia la demanda, deja en pausa los efectos jurídicos del incremento mientras se analiza a fondo su legalidad.
Además, obliga al Gobierno nacional a expedir en un plazo de ocho días un nuevo decreto de carácter transitorio que se ajuste estrictamente a los parámetros constitucionales y legales.
La decisión señala que el ajuste no puede sustentarse solo en una determinación política. Debe basarse en variables técnicas como la inflación, la productividad y la situación económica, y surgir del proceso de concertación entre empresarios, trabajadores y el Estado.
En otras palabras, el tribunal exige que se respeten los criterios objetivos previstos en la normativa vigente.
El aumento que quedó suspendido había sido anunciado por el gobierno del presidente Gustavo Petro y contemplaba un alza cercana al 23,7 %, con lo que el salario mínimo para 2026 alcanzaba 1.746.882 pesos más el subsidio de transporte, completando alrededor de dos millones de pesos.
Mientras se expide el nuevo acto administrativo, el alto tribunal continuará el estudio de fondo del caso para determinar si el incremento se ajusta o no a la ley.
Uno de los primeros en reaccionar a la decisión fue el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien expresó su molestia ante lo decretado por el Consejo de Estado.
“Es surrealista, no se entiende esto. Los salarios se aumentan con base en el salario mínimo y eso justifica las alzas de enero. Hay situaciones donde esta es la referencia. Poner algo provisional y tomar una medida así para poner algo provisorio no es correcto”, detalló en Blu Radio.
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