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El reciente incremento del salario mínimo legal mensual vigente, situado en $1.750.905 más un auxilio de transporte de $249.095, ha comenzado a repercutir con fuerza en los costos laborales asumidos por las empresas colombianas. Esta medida, concebida para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, impacta de manera directa e indirecta distintos esquemas de remuneración desde el inicio del año, alterando no solo el salario base sino también otras modalidades relacionadas.
Uno de los aspectos más significativos de este reajuste recae sobre el salario mínimo integral, destinado a aquellos empleados cuyo ingreso supera los diez salarios mínimos legales. Como consecuencia de la actualización, el salario integral básico se eleva a $22.761.765 al mes. Según declaraciones de Valeria Martínez, Senior de Servicios Legales de KPMG en Colombia recogidas en el artículo, esto obliga a varias organizaciones a examinar detenidamente su estructura de costos y la viabilidad de mantener ciertas modalidades contractuales, en especial la del salario integral.
Martínez explica que el efecto transversal de este incremento no se limita a quienes reciben el salario mínimo; también abarca esquemas como el salario integral, el cual involucra prestaciones sociales, recargos y pagos por horas extras, exceptuando solo las vacaciones. Ante el aumento, algunas empresas están optando por trasladar colaboradores desde la modalidad integral hacia contratos ordinarios. En tales casos, la normatividad exige un pago mínimo del 70 % del salario integral previo, destinándose el 30 % restante a cubrir el factor prestacional obtenido durante el tiempo laboral. En ocasiones, estas modificaciones van acompañadas de ajustes adicionales vinculados al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Las compañías buscan con estas estrategias frenar el rápido aumento de los desembolsos originados por la medida, procurando no afectar la estabilidad ni los ingresos de los trabajadores, pero sin descuidar la competitividad y sostenibilidad empresarial. Sin embargo, la transición demanda revisiones contractuales detalladas, ya que implica redefinir las bases para calcular prestaciones, recargos, aportes a la seguridad social y parafiscales. Si se omiten análisis exhaustivos, podrían surgir contingencias legales o económicas inesperadas.
Al panorama se suma una mayor carga tributaria para quienes permanecen en la modalidad de salario integral, como resultado del mayor valor base sujeto a impuestos y de la progresividad de las tarifas del impuesto sobre la renta y la retención en la fuente. Todo esto sucede en un contexto de incertidumbre jurídica: persiste la posibilidad de que el decreto que respalda el incremento sea eventualmente anulado. De ocurrir esto, los efectos únicamente se proyectarían a futuro, sin repercusiones sobre pagos o aportes ya efectuados, ni posibilidad de revocar valores entregados a los trabajadores.
Así, el ajuste al salario mínimo para 2026 está originando un efecto dominó en las políticas de remuneración y en el entorno fiscal de las compañías, un escenario que requiere de manejo estratégico, consideración normativa y rigor jurídico para mantener el equilibrio entre las obligaciones laborales y la salud financiera de las empresas.
¿Por qué el salario integral implica una mayor carga tributaria en comparación con el esquema salarial ordinario?
La diferencia principal entre el salario integral y el salarial ordinario reside en la composición de los ingresos y en las obligaciones fiscales asociadas. El salario integral incluye, además del sueldo ordinario, una proporción destinada a cubrir prestaciones sociales y recargos, elevando la base gravable sobre la cual se calculan tanto el impuesto sobre la renta como la retención en la fuente. Según lo explicado en el artículo, al incrementarse esta base, los trabajadores bajo salario integral pueden enfrentar tasas fiscales más altas y, en consecuencia, un mayor monto de aportes obligatorios.
Tras el aumento del salario mínimo, cuyo impacto se traslada de manera automática al salario integral, la diferencia entre lo que reciben los trabajadores y lo que deben destinar a impuestos se hace más notoria. Esta situación obliga tanto a empleadores como a empleados a prestar especial atención a las implicaciones fiscales, pues una planeación inadecuada podría afectar el ingreso neto y las finanzas personales del trabajador.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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