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Escrito por:  Fabián Ramírez
Subeditor     Dic 30, 2025 - 9:46 am

El sorpresivo incremento del 23,7 % del salario mínimo en Colombia para el 2026 ha producido una serie de opiniones divididas entre analistas económicos y actores empresariales. Es un gran avance para los trabajadores formales, sin embargo, existe un acuerdo unánime sobre los riesgos que implica para los empleos y la sostenibilidad financiera de las empresas, en particular, las micro y pequeñas. 

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A pesar de estas preocupaciones, hay quienes tienen una visión favorable de este incremento. Carlos Andrés Ortiz Navas, economista, argumentó en Blu Radio que la experiencia reciente en Colombia demuestra que incrementos del salario mínimo no necesariamente generan inflación desmesurada ni disminuyen de manera significativa el empleo formal. Ortiz matizó las preocupaciones de sectores empresariales en relación al impacto en sus costos operativos y sostiene que estos incrementos salariales suelen traducirse en un mayor consumo, la circulación de dinero en la economía y la mejora del bienestar general de la población.

Otra de las voces más importantes y que fue exministro de Hacienda del Gobierno Petro hizo un análisis sobre lo que se viene para el país y sobre todo para las compañías, que están muy atentas a las movidas económicas que deben hacer. Se trata de José Antonio Ocampo, uno de los mejores economistas, quien esbozó el panorama actual y le hizo una petición al Gobierno.

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“En primer término, se agrega a los costos laborales que genera la reforma laboral, lo cual tendrá efectos sobre el empleo formal, en un contexto en el cual casi la mitad de los trabajadores urbanos colombianos y más del 80 % de los rurales son informales. A través de los aumentos de costos laborales se verán afectadas todas las empresas, pero especialmente las micro y pequeñas. La inflación aumentará, directamente por el amplio grupo de bienes y servicios que están indexados al salario mínimo, y por los aumentos en costos de producción, incluyendo en ambos casos componentes de la canasta familiar. Esto podría obligar al Banco de la República a aumentar las tasas de interés para controlar la inflación. Y habrá aumentos adicionales sobre los ya elevados gastos públicos, incluyendo el costo de las pensiones”, dijo Ocampo.

Finalmente, zanjó dudas sobre la administración Petro y dejó picando que la decisión se haya tomado en época preelectoral: “El Gobierno debe explicar públicamente cómo va a manejar estos efectos negativos y además por qué, si tenía la convicción de la conveniencia de un salario vital, adoptó esta decisión al final de su mandato, dejando que sus efectos tuvieran que manejarlos el próximo gobierno”.

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