La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tiene facultades para solicitar información relacionada con precios, estructuras de costos y márgenes de rentabilidad a las empresas, pero la controversia actual no gira en torno a esa potestad sino a la forma en que se está ejerciendo, según explicó el exsuperintendente Jairo Rubio Escobar en declaraciones recogidas por El Tiempo. El debate, precisa, no apunta a un control directo de precios, figura que además no existe de manera general en el ordenamiento jurídico colombiano.
Las alertas comenzaron hace cerca de un mes, tras advertencias del presidente Gustavo Petro y posteriores anuncios de la SIC dirigidos a distintos sectores económicos. Lo que inició como consultas internas y conceptos jurídicos en los gremios, terminó en pronunciamientos públicos y en un debate abierto sobre si los requerimientos podrían derivar, en la práctica, en una intervención indirecta sobre los precios.
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Rubio Escobar señaló al medio citado que la discusión no está en el “qué” sino en el “cómo, cuándo y desde dónde” se piden esos datos. Según explicó, la SIC opera a través de delegaturas con funciones distintas, especialmente la de Protección al Consumidor y la de Competencia. Para el exfuncionario, mezclar esas competencias puede conducir a confusión y a eventuales excesos.
El punto crítico es que varios de los requerimientos provendrían de la delegatura de Protección al Consumidor, cuya labor se centra en vigilar publicidad engañosa y el cumplimiento del Estatuto del Consumidor. Rubio sostuvo que no existe una relación directa entre pedir márgenes de rentabilidad o estructuras de costos y verificar si hay publicidad engañosa, lo que alimenta la preocupación empresarial.
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En contraste, la delegatura de Competencia sí puede solicitar ese tipo de información dentro de averiguaciones preliminares por precios inequitativos, siempre que se trate de empresas con poder de mercado significativo y barreras de entrada que limiten la competencia. El debate técnico radica en que estos requisitos no parecen cumplirse en solicitudes generalizadas.
Para Rubio Escobar, la inquietud empresarial no implica afirmar que exista control de precios, sino cuestionar el sustento funcional de los requerimientos. El exsuperintendente insistió en que el problema no es la facultad legal, sino su uso desde una delegatura que, en principio, no tendría competencia para ese tipo de solicitudes.
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