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El derrumbe ocurrido hace un mes en el kilómetro 18+600, en jurisdicción de Chipaque, Cundinamarca, ha producido consecuencias de gran alcance en la región del Llano. Este evento no solo significó el cierre de una carretera clave, sino que ha impactado transversalmente los aspectos económicos, sociales y cotidianos de miles de habitantes, como ha indicado el gobernador Jorge Emilio Rey. La situación no se resolverá en el corto plazo, y se prevé que la temporada de fin de año sea especialmente difícil para las comunidades afectadas.
El sector agropecuario, pilar de la economía local, ha sido uno de los más golpeados. A raíz de incrementos entre el 30 % y el 50 % en los costos de transporte, las cadenas de suministro han quedado comprometidas, dificultando la movilización de productos desde áreas productoras hacia los mercados. La Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi) indicó que la producción y el transporte de pollo podrían reducirse hasta en un 40 %. Esta problemática es particularmente crítica en localidades como Guayabetal y Cáqueza, donde diariamente se producen 26 toneladas de pollo y 850.000 huevos. La presión sobre la oferta podría desencadenar incrementos en los precios a nivel nacional. Además, el aumento del 30 % tanto en insumos como en alimentos para animales deteriora aún más la rentabilidad para los productores de la zona.
Las consecuencias en el comercio local no han sido menores. Según datos de la Cámara de Comercio de Bogotá, cerca de 800 establecimientos han visto reducirse sus ventas, viéndose obligados muchos de ellos a cerrar de manera temporal o definitiva. Los pequeños comercios rurales, tradicionalmente más vulnerables a cambios abruptos en la infraestructura, enfrentan una crisis que pone en peligro el tejido socioeconómico de las localidades más afectadas.
El impacto social se siente especialmente en el sector sanitario. El Hospital San Rafael de Cáqueza ha registrado la cancelación del 25 % de las consultas médicas y la postergación del 35 % de las cirugías programadas. El cierre temporal de servicios especializados, como cardiología y neurocirugía, refleja las limitaciones en la atención de alta complejidad. Los costos de acceso a la salud se han incrementado en un 30 %, pues las rutas alternas son más largas y costosas. La Organización Mundial de la Salud advirtió que estos obstáculos generan pérdidas en salud a mediano y largo plazo.
Al mismo tiempo, los daños por las lluvias recientes han agravado la situación, afectando a 300 kilómetros de vías rurales, cinco puentes y 25 obras de arte, mientras 350 usuarios de acueductos experimentan interrupciones en el suministro de agua. En el ámbito educativo, alrededor de 1.070 estudiantes, casi el 20 % de la matrícula local, han perdido hasta 15 días de clase y 86 docentes ven alterados sus desplazamientos y jornadas laborales. Este fenómeno, de acuerdo con la Secretaría de Educación de Cundinamarca y el Banco Mundial, profundiza la brecha entre la educación rural y urbana, y puede impactar negativamente en las oportunidades futuras de los estudiantes.
Frente a la gravedad del panorama, el gobernador Rey demandó tanto apoyos financieros como medidas estructurales, incluyendo la urgencia de trabajos definitivos de estabilización en la zona del derrumbe y la intervención de entidades como el Ministerio de Transporte. Expertos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres insisten en la importancia de adoptar estrategias preventivas e integrales, capaces de reducir la vulnerabilidad regional ante sucesos similares en el futuro. La coordinación entre autoridades departamentales, el Gobierno Nacional y la comunidad resultará fundamental para transitar hacia la recuperación y sentar las bases de un territorio más resiliente en el Oriente de Cundinamarca.
¿Cuál es la importancia de la infraestructura vial para la economía rural? La conectividad vial garantiza que las regiones rurales puedan enviar sus productos al mercado y acceder a insumos necesarios para su funcionamiento diario. Cuando esta infraestructura se ve interrumpida, como en el caso del derrumbe de Chipaque, todo el sistema económico local se resiente: suben los costos, disminuyen las ventas y aumentan las dificultades logísticas. Por esos motivos, mantener las vías principales operativas resulta básico para la estabilidad y la prosperidad de muchas comunidades rurales.
¿Qué acciones pueden ayudar a reducir la vulnerabilidad frente a desastres similares? La experiencia reciente muestra la necesidad de estrategias de gestión del riesgo que incluyan tanto la prevención mediante el monitoreo y la intervención temprana de zonas críticas, como la recuperación rápida con apoyo estatal coordinado. La respuesta articulada entre autoridades nacionales, regionales y locales, sumada a la participación comunitaria, fortalece la resiliencia y permite reducir los impactos negativos que generan eventos naturales sobre la economía, la salud y la educación en zonas rurales.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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