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El reciente reconocimiento oficial por parte del gobierno colombiano acerca de la escasez de gas natural y la urgencia de importarlo supone un cambio fundamental en la política energética nacional. Durante años, las autoridades mantuvieron posiciones opuestas e incluso contradictorias: Irene Vélez, exministra de Minas y Energía, aseguraba la autosuficiencia de gas hasta 2042, mientras su sucesor, Andrés Camacho, atribuía la problemática a un presunto acaparamiento empresarial, promoviendo investigaciones que nunca ofrecieron resultados definitivos, según fuentes originales. Esta aceptación tardía de un déficit energético refleja no solo la complejidad de la gestión del sector, sino también las tensiones y retrasos en la identificación y tratamiento de problemas estructurales.
Las propuestas de solución han sido variadas y, en muchos casos, han evidenciado posturas encontradas dentro del propio gobierno. Entre ellas, se exploró la posibilidad de importar gas desde Venezuela y Catar, en un contexto donde el presidente Gustavo Petro afirmó que los combustibles fósiles representan una “muerte”, al tiempo que señalaba a Ecopetrol por no suplir la creciente demanda mediante importación. Estos hechos muestran la dificultad de conciliar la transición energética, prioritizada en el discurso político, con las urgencias operacionales, donde la dependencia de combustibles fósiles sigue siendo un hecho ineludible. De acuerdo con un informe de la Universidad Nacional de Colombia, imponer transiciones bruscas sin planes de contingencia sólidos puede derivar en riesgos tanto económicos como sociales.
En respuesta, Ecopetrol inició inversiones estratégicas, como la contratación de PIO SAS para construir una planta regasificadora en Buga, Valle del Cauca, que estaría lista para 2026. Sin embargo, esta infraestructura apenas cubriría una parte de la demanda nacional. Paralelamente, TGI, empresa transportadora adscrita al Grupo Energía Bogotá, propuso conectar su red a Chuchupa, en La Guajira, utilizando el gasoducto subutilizado de HOCOL, vinculado a Ecopetrol. Esta propuesta, que podría arrancar en menos de un año, contempla una capacidad inicial superior a la del plan de Ecopetrol y podría ampliarse a futuro.
Parte central del problema radica en la subutilización de la infraestructura existente: el gasoducto de HOCOL opera muy por debajo de su capacidad, según el Ministerio de Minas y Energía de Colombia. El informe de 2024 subraya que una débil planificación y carencias en la integración de recursos nacionales han limitado gravemente el aprovechamiento del potencial energético del país. También advierte que la viabilidad del proyecto Chuchupa, si logra ejecutarse plenamente, podría cambiar el panorama al incrementar la seguridad de suministro mientras se avanza en transición energética.
El contexto internacional respalda la urgencia de revisar la estrategia. Informes de la International Energy Agency (IEA) de 2023 muestran que la crisis mundial del gas ha afectado a muchos países, obligando a repensar la diversificación de fuentes y la resiliencia de los sistemas energéticos. Por su parte, expertos de la Universidad Javeriana han enfatizado la importancia del acompañamiento institucional en proyectos estratégicos, alertando que la lentitud política y la falta de coherencia en las decisiones pueden derivar en un agravamiento del déficit, impactando negativamente a la economía y al bienestar de la población. Frente a esta realidad, la apuesta por el proyecto Chuchupa emerge como un posible salvavidas, cuya efectividad dependerá de una gestión integral y sostenida que logre equilibrar la seguridad energética con los objetivos ambientales y sociales.
¿Por qué es esencial diversificar las fuentes de gas natural en Colombia? La importancia de la diversificación radica en reducir la vulnerabilidad ante fluctuaciones internacionales y evitar la dependencia exclusiva de mercados externos o zonas productoras, como Chuchupa. Además, un sistema diversificado contribuye a la estabilidad de precios y mejora la capacidad de respuesta ante emergencias, algo que distintos informes sectoriales han destacado como necesario para una transición energética segura y controlada.
¿Qué es una planta regasificadora? Una planta regasificadora es una instalación especializada que convierte el gas natural licuado (GNL) –un gas transportado en estado líquido a temperaturas muy bajas– nuevamente en estado gaseoso, haciéndolo apto para consumo a través de los sistemas de distribución nacionales. Este proceso es fundamental para países que importan gas en estado líquido, como se prevé en el caso de Colombia, donde servirá para paliar posibles déficits de suministro ante el aumento de la demanda y los cambios en la oferta interna.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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