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El Ministerio de Hacienda y Crédito Público radicó recientemente un proyecto de decreto que busca derogar los artículos 2.6.12.1.27, 2.6.12.1.28 y 2.6.12.1.29 del Decreto 2555 de 2010, normas que originalmente fueron incorporadas por el Decreto 369 de 2026. Estas disposiciones establecían un límite general del 30% a las inversiones en activos en el exterior para los cuatro tipos de Fondos de Pensiones Obligatorias gestionados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Con la derogatoria, se elimina también la exigencia de presentar ante la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) un plan que encaminara la convergencia hacia ese tope, utilizando prioritariamente el flujo de las nuevas cotizaciones.
Andrés Velasco, presidente de Asofondos, organización gremial del sector, se pronunció frente a este proyecto normativo, subrayando el impacto que tuvo el límite derogado en la administración de los portafolios pensionales. De acuerdo con Velasco, el Decreto 369 de 2026 restringía la capacidad de diversificación de las AFP, lo que iba en contravía de la rentabilidad y el bienestar de los ahorradores colombianos. El dirigente resaltó que, desde la perspectiva del gremio, la diversificación facilita una mejor gestión del riesgo, liquidez y rentabilidad, elementos esenciales exigidos a las AFP para la administración de los recursos de los afiliados.
La Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF) fundamentó técnicamente la derogatoria. El análisis de la URF aplicó el método de optimización de portafolios de media-varianza de Markowitz sobre índices locales (COLCAP y COLTES) e internacionales (MSCI ACWI y BARCLAYS), concluyendo que eliminar el tope permite una mayor asignación a activos internacionales, con mejores expectativas de rentabilidad (6,80% frente a 6,26%) y menor riesgo (9,88% frente a 10%). Además, para el periodo 2021-2025, la restricción aumentaría el riesgo en cerca de 15,8%, alcanzando hasta 23,6% en determinados escenarios, y reduciría el índice de Sharpe –medida de rentabilidad ajustada al riesgo– de 0,827 a 0,729.
El documento técnico también refleja el impacto de la Sentencia C-264 de 2026 de la Corte Constitucional, que mantuvo la mayoría de disposiciones de la Ley 2381 de 2024 (la reforma pensional) y dispuso su aplicación a partir del 1 de abril de 2027. El gobierno estima que un 45% de los recursos actuales del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) corresponde a beneficiarios del régimen de transición, quienes seguirán vinculados al régimen de inversión contemplado en la Ley 100 de 1993. La URF señaló que esto habría restringido aún más la base de aplicación del límite, haciendo que hacia 2031 los recursos disponibles en el país fueran inferiores al monto ya invertido, con lo que la intención económica del Decreto 369 de 2026 quedaba sin efecto.
Finalmente, la SFC informó que, hasta septiembre de 2026, ninguna AFP presentó el plan de ajuste que exigía el citado decreto, vencido el 7 de octubre de ese año. Entre marzo y julio de 2026, la porción de inversiones externas bajó de 48,4% a 44,5%, explicada según la URF por la revaluación del peso colombiano y no por decisiones activas de las administradoras. El proyecto establece su entrada en vigencia inmediata tras su publicación y descarta impacto presupuestal, ambiental o patrimonial.
¿Por qué el Ministerio de Hacienda decidió derogar el límite del 30% a inversiones en el exterior de las AFP?
De acuerdo con el documento técnico elaborado por la URF, mantener el límite restringía la diversificación de los portafolios y afectaba la rentabilidad y el manejo del riesgo para los ahorradores. Además, las condiciones introducidas por la reforma pensional y la dinámica del mercado local anulaban el efecto económico esperado del límite, por lo cual la derogatoria se justificó técnica y jurídicamente.
¿Cómo afecta la eliminación del tope del 30% la gestión de riesgo y rentabilidad de los fondos pensionales?
La eliminación del tope permite a las AFP distribuir mejor los recursos entre distintos mercados, con lo cual la expectativa de rentabilidad aumenta y el riesgo disminuye, según los modelos de optimización de portafolios aplicados. También mejora la gestión de liquidez y ajusta la administración de los recursos a las mejores prácticas exigidas por la normativa vigente.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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