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La Nueva EPS, una de las entidades promotoras de salud más grandes de Colombia, informó recientemente una situación crítica relacionada con su solidez financiera. Según la información oficial divulgada, la organización se enfrenta a embargos judiciales que ya superan los 2 billones de pesos, lo que representa un riesgo importante para el funcionamiento de sus operaciones y para la atención médica de más de 11,7 millones de personas afiliadas en el territorio nacional, según lo reseñado por El Diario.
Este escenario salió a la luz tras el incremento de quejas por parte de usuarios en diversas regiones del país debido a las demoras y complicaciones en la prestación del servicio de salud. De acuerdo con el comunicado de la Nueva EPS, estos embargos han sido dispuestos por cuatro juzgados y afectan directamente los fondos destinados a sustentar el acceso a servicios médicos.
La entidad puntualizó que cerca de 95 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) han interpuesto demandas en el marco de su proceso de intervención, ocasionando la ejecución de estas medidas judiciales. Según la EPS, aproximadamente el 80% de esas IPS demandantes pertenecen al grupo de las principales instituciones privadas del sector en Colombia, lo que intensifica la presión sobre los recursos y la operación.
Los tribunales con mayor peso en la emisión de estos embargos incluyen el Juzgado Primero Civil del Circuito de Florencia (Caquetá), el Juzgado Segundo Civil del mismo circuito, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal del Circuito de Puerto Rico (Caquetá) y el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá.
Por otro lado, la EPS advirtió sobre el vertiginoso aumento del monto embargado, observando que en noviembre de 2025 la cifra había pasado de 422.000 millones de pesos a 887.000 millones, duplicándose en ese periodo. A la fecha, la deuda supera los $2,1 billones, más del doble de lo reportado hace tan solo dos meses, como enfatizó la fuente oficial.
De acuerdo con la misma entidad, este panorama pone en peligro toda la operación, ya que restringe los recursos necesarios para cumplirle a los prestadores, mantener la continuidad de tratamientos y garantizar adecuadamente la atención de los 11,7 millones de usuarios. La EPS hizo un llamado reiterado tanto a las autoridades judiciales como a los actores principales del sistema de salud para que protejan los fondos esenciales que hacen posible la prestación efectiva de los servicios médicos.
En ese sentido, insistió en la urgencia de buscar fórmulas que permitan equilibrar el rigor de las disposiciones judiciales con la sostenibilidad financiera y la defensa del acceso al derecho fundamental a la salud para millones de colombianos que dependen de la entidad.
¿Qué significa una intervención en una EPS?
La intervención en una Entidad Promotora de Salud (EPS) es una medida adoptada por las autoridades competentes para tomar el control temporal de la administración y operación de la entidad, cuando existen riesgos que pueden comprometer su funcionamiento o la continuidad en la prestación del servicio. Este procedimiento puede desencadenar demandas judiciales, como sucede en el caso de la Nueva EPS, poniendo a prueba tanto la estabilidad financiera como la capacidad de garantizar la salud a los afiliados.
La relevancia de esta pregunta radica en que la intervención suele ser vista como un último recurso frente a crisis profundas dentro del sistema de salud, y afecta directamente la vida de millones de ciudadanos afiliados que esperan estabilidad y continuidad en la atención médica, así como certeza por parte de las autoridades y prestadores de servicios sobre el manejo de los recursos y las decisiones tomadas.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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