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El Consejo Gremial Nacional, organización que agrupa a los principales sectores empresariales del país, se pronunció recientemente para expresar su respaldo a los departamentos afectados por la actual emergencia invernal en Colombia y mostrar solidaridad con los ciudadanos que enfrentan graves dificultades debido a esta situación. La entidad enfatizó la urgencia de adoptar medidas inmediatas que permitan atender de manera adecuada la crisis provocada por los fenómenos climáticos, recalcando que este tipo de eventos demandan respuestas ágiles y específicas del Estado.
No obstante, en su comunicado, el Consejo Gremial Nacional fue claro al manifestar un rechazo rotundo al uso extendido del estado de emergencia invernal como herramienta para promulgar normas que, según su criterio, no están dirigidas exclusivamente a solucionar los problemas generados por la crisis. Esta preocupación surge ante la percepción de que, amparándose en la urgencia de la situación, se estarían impulsando cambios estructurales en ámbitos como los tributos, regulaciones ambientales y financieras, así como modificaciones operativas y sectoriales, sin el debido debate democrático ni el trámite regular ante el Congreso, tal como lo requiere la institucionalidad colombiana.
De acuerdo con lo expuesto por esta entidad del sector privado, las acciones emprendidas por el Ejecutivo bajo la figura del estado de excepción podrían estar excediendo las facultades transitorias definidas en el artículo 215 de la Constitución. Para el Consejo, dichas medidas superan el marco excepcional y deben ser deliberadas bajo el proceso legislativo ordinario, con la participación activa de los distintos poderes públicos.
El Consejo Gremial subrayó el valor fundamental de principios como la seguridad jurídica, la separación de poderes y la confianza legítima, resaltando que estos elementos son la base tanto del orden constitucional como del desarrollo económico del país.
En su declaración, la organización esbozó diversas preocupaciones centrales. Estas incluyen la potencial imposición de tributos sobre los ingresos brutos, la creación de gravámenes extraordinarios, la alteración de compromisos adquiridos mediante contratos y la implementación de cambios profundos en regulaciones estructurales, como es el caso de la jurisdicción agraria, todo ello bajo la figura del estado de emergencia. Según advierte el Consejo Gremial, medidas de este tipo representan un antecedente institucional preocupante que podría tener efectos adversos sobre la percepción de riesgo país.
A juicio de los gremios, la atracción de inversión hacia Colombia depende de la existencia de reglas claras, estables y previsibles. En consecuencia, sostienen que si el marco regulatorio puede cambiar por cuenta de estados de excepción aprobando reformas estructurales, el mensaje al mercado es que aumenta el riesgo institucional, afectando potencialmente la confianza de inversionistas locales y foráneos.
Por tal razón, el Consejo solicitó al Gobierno Nacional que brinde transparencia acerca de los costos estimados de atender la emergencia, enfatizando que esto contribuiría a fortalecer la confianza pública y privada sobre las acciones adoptadas. En su mensaje final, la organización reiteró la importancia del respeto a los límites constitucionales del estado de excepción, así como la defensa del equilibrio institucional, recordando que la estabilidad jurídica implica un activo estratégico para la competitividad y el desarrollo económico nacional.
¿Qué implica el artículo 215 de la Constitución colombiana en los estados de excepción?
El artículo 215 de la Constitución Política de Colombia establece los parámetros para que el Gobierno pueda declarar un estado de emergencia económica, social o ecológica. Según lo estipulado, este mecanismo solo debe aplicarse en situaciones extraordinarias que afecten gravemente el orden económico, social o ecológico del país. Además, las decisiones tomadas en este contexto deben ser transitorias, restringidas en el tiempo y orientadas exclusivamente a superar la crisis específica que motivó la declaratoria.
Este artículo es relevante porque define, según lo argumentado por el Consejo Gremial Nacional, los límites constitucionales que deben respetarse para evitar que, bajo la excusa de una emergencia, se introduzcan reformas estructurales sin el debido proceso democrático. Con esta base, los gremios sostienen que deben preservarse las reglas de deliberación y control democrático para toda norma que exceda el carácter temporal y excepcional del estado de excepción.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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