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El gobierno colombiano, bajo el liderazgo de Gustavo Petro, emitió el decreto 0170 de 2026 a través del Ministerio de Comercio, estableciendo aranceles recíprocos del 30% para más de 70 productos provenientes de Ecuador. Entre los bienes afectados se encuentran algunos estratégicos para la agroindustria regional, tales como azúcar, frutas, cacao en polvo, aguacate Hass, plátanos y frijol, así como una amplia gama de artículos industriales. Esta medida también prohibió el ingreso terrestre, concentrándose particularmente en los pasos fronterizos de Ipiales y Puerto Asís, de productos como arroz, pescado y camarones.
Adicionalmente, el decreto colombiano incluye gravámenes para productos ecuatorianos como grasas y aceites, tomate, cebolla, papa, coco, maracuyá, banano bocadillo y diversos bienes manufacturados, entre ellos calzado con suela de caucho, plástico o cuero natural, grasas y aceites de pescado. También se aplican los aranceles sobre etanol, aguardientes desnaturalizados, así como insumos de la industria química, como insecticidas, fungicidas, desinfectantes y tubos.
La razón que esgrimió el Gobierno colombiano para imponer estas barreras comerciales reside en la adopción previa de medidas similares por parte del Ejecutivo ecuatoriano, liderado por Daniel Noboa. Este, según fuentes citadas, justificó el incremento de los aranceles a los productos colombianos argumentando la falta de colaboración en materia de seguridad fronteriza, una situación que –según aseguró– ha dificultado el combate a bandas criminales y la garantía del orden en los puntos limítrofes.
Sumado a esto, Noboa apuntó al sostenido desequilibrio de la balanza comercial con Colombia, señalando que el déficit para Ecuador supera los 1.000 millones de dólares anuales. De esta manera, las autoridades ecuatorianas buscaron con sus restricciones reducir el impacto negativo en la economía local por la diferencia en volúmenes de importación y exportación entre ambas naciones.
Antes de que se oficializara la represalia arancelaria colombiana, el Estado colombiano elevó una demanda ante la Comunidad Andina de Naciones (CAN). El propósito fue evidenciar la inconformidad frente a las restricciones justificada en normas del bloque regional que promueven el libre comercio entre los Estados miembros. Uno de estos recursos fue admitido por la CAN, que inició una investigación orientada a determinar si las acciones ecuatorianas vulneraban el marco normativo subregional.
La CAN, mediante comunicado, manifestó que la solicitud de Colombia cumplía lo dispuesto en los artículos 47 y 49 de la Decisión 425 de la organización, lo que permitió dar inicio formal al procedimiento investigativo. Como reacción, Ecuador presentó a su vez tres reclamos ante la Secretaría General de la misma entidad multilateral, denunciando supuestas violaciones a compromisos jurídicos asumidos dentro de la Comunidad Andina.
En este contexto, lo que se vive actualmente es una escalada de tensión bilateral que, según lo señalado, trasciende el ámbito comercial y se inserta en el debate sobre la reciprocidad y el cumplimiento de las reglas comunes. Todo queda, por ahora, en manos de la CAN, que deberá pronunciarse sobre las disputas y las decisiones que podrían definir el futuro inmediato de la integración y el intercambio comercial entre ambos países.
¿Qué es la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y por qué es clave en este conflicto?
La Comunidad Andina de Naciones, conocida por sus siglas CAN, es un organismo internacional formado por países sudamericanos que busca crear un espacio común para facilitar el comercio y la integración a través de reglas y acuerdos compartidos. Su papel cobra relevancia en situaciones de disputas comerciales entre sus miembros, ya que cuenta con mecanismos jurídicos para analizar y establecer si las medidas impuestas respetan los tratados que regulan el libre tránsito de bienes y servicios.
La actuación de la CAN en medio de la confrontación arancelaria entre Colombia y Ecuador pone de relieve su función como mediador y árbitro. Su veredicto puede sentar precedentes no solo para la relación bilateral, sino para otros casos similares en la región, garantizando que las decisiones de ambos países se mantengan dentro del marco jurídico aceptado por todos los aliados andinos.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
Análisis sobre qué pasará con el salario mínimo
El Gobierno de Gustavo Petro enfrenta un pulso jurídico tras la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto que fijaba un incremento de 23 % en el salario mínimo y el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo nos explicó cuáles son los efectos de la medida. Esta es la primera vez que en Colombia sucede un hecho de este nivel, razón por la que hay mucha incertidumbre sobre cómo sucederá.
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