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Las cesantías en Colombia representan una de las prestaciones sociales más relevantes establecidas para amparar a los trabajadores en contextos de desempleo, así como para ofrecer apoyo en la adquisición de vivienda y la educación. Esta prestación, según lo estipulado en la Ley 50 de 1990, corresponde a un mes de salario por cada año trabajado o proporcional al tiempo de servicio, y debe ser consignada obligatoriamente por el empleador en un fondo escogido por el trabajador. El dinero depositado en ese fondo genera rendimientos, lo que aporta un valor adicional con el paso del tiempo.
Cada año, millones de colombianos aguardan la consignación de sus cesantías, que suele efectuarse antes del 14 de febrero. Este beneficio está diseñado para servir como respaldo económico, permitiendo a los trabajadores afrontar gastos asociados con la pérdida de empleo, la compra o mejora de vivienda, o la educación tanto propia como de sus hijos, según detalló Angie Vargas, directora del programa de derecho de la Universidad Autónoma de Occidente. Para acceder a estos fondos, existen mecanismos y restricciones precisas según la normativa vigente.
Existen tres situaciones principales en las que pueden ser retiradas las cesantías. El primer caso sucede al finalizar un contrato laboral, ya sea por decisión del empleador o del trabajador, o por cumplimiento de la fecha pactada. En este escenario, la persona debe solicitar una carta de terminación al empleador, la cual se presenta al fondo de cesantías para que, en máximo cinco días hábiles y tras revisar la documentación, se efectúe el desembolso.
El segundo escenario corresponde al retiro parcial destinado a vivienda, que incluye la compra, construcción, mejora o remodelación de un inmueble. En estos casos, el trabajador está obligado a demostrar el uso de los recursos mediante la presentación de documentos como promesas de compraventa, certificados de tradición, cotizaciones de remodelación o presupuestos de obra. Una vez validados estos requisitos, el fondo entrega el dinero correspondiente.
El tercer uso autorizado por la ley es el retiro parcial para educación, tanto del trabajador como de sus hijos. Para tales casos, resulta fundamental aportar los certificados de matrícula o recibos de pago académico que comprueben el destino de los fondos. Según la abogada Vargas, es crucial que los documentos presentados para el retiro guarden coherencia y sean auténticos, evitando inconvenientes y asegurando la celeridad del trámite.
Los beneficiarios de las cesantías comprenden principalmente a los trabajadores dependientes. El proceso de retiro requiere cumplir con ciertos requisitos legales y puede solicitarse en el momento en que ocurra una causa válida: la terminación contractual, situaciones relacionadas con vivienda, educación o hechos fortuitos como desastres naturales debidamente acreditados. Es importante recordar que los fondos deben respetar los plazos estipulados y facilitar la entrega del dinero cuando se cumpla la normativa.
De este modo, las cesantías no solo funcionan como un salvavidas en momentos de desempleo, sino también como una herramienta que puede potenciar la estabilidad financiera y social de las familias colombianas, al permitir invertir en vivienda y educación, pilares fundamentales para el bienestar. Dada la importancia de este mecanismo, resulta indispensable que tanto empleadores como trabajadores conozcan en detalle sus derechos y obligaciones frente a la gestión de estos recursos.
¿Qué ocurre si el empleador no consigna las cesantías dentro del plazo establecido?
La inquietud sobre el incumplimiento de los plazos de consignación de cesantías es común y relevante para los trabajadores colombianos. De acuerdo con la normativa, la fecha límite para que los empleadores consignen estos recursos en el fondo es el 14 de febrero de cada año. El desconocimiento o retraso puede afectar directamente el ahorro y la protección financiera de los empleados.
Es fundamental que el trabajador evalúe el cumplimiento de su empleador, ya que el no consignar las cesantías a tiempo puede generar sanciones e intereses por mora. De este modo, la vigilancia y el conocimiento de sus derechos ayudan a que los trabajadores ejerzan acciones oportunas para garantizar la entrega de este recurso esencial.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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