El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
El reciente Plan de Desarrollo de Bogotá fija una meta específica: garantizar que el espacio público sea aprovechado de forma adecuada a través del control de las zonas donde se registra mayor presencia de vendedores informales. Bajo este objetivo, la administración impulsa intervenciones y encuestas cuyo propósito declarado es identificar la ubicación de estas personas para ofrecerles alternativas institucionales. Sin embargo, esta política se enfrenta al reto fundamental de conciliar el interés público con los derechos fundamentales de quienes se sostienen a través del trabajo informal, en particular el derecho al trabajo y a un mínimo vital.
De acuerdo con las cifras más actuales ofrecidas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el desempleo en Bogotá para el periodo junio-agosto descendió al 8,2%, lo que representa una reducción del 0,6% frente al mismo periodo de 2024. A pesar de esta disminución, la informalidad sigue vigente como fenómeno estructural: cerca del 34% de la ciudadanía permanece sin acceso a un puesto de trabajo formal. Esta situación evidencia una paradoja en la capital: aunque las tasas de desempleo muestran leves mejoras, una proporción relevante de la población debe recurrir al rebusque diario para garantizar su subsistencia, ante la dificultad de encontrar empleo bajo condiciones formales.
El Instituto para la Economía Social (IPES) ha caracterizado a 5.895 personas dedicadas a la venta informal en Bogotá, entre quienes la mayoría son mujeres cabeza de familia (3.185). Además, sobresale que un segmento significativo se encuentra en el rango de edad de 29 a 45 años (2.317). Estas cifras, no obstante, sólo retratan parcialmente la dimensión del fenómeno, pues existen numerosos trabajadores informales no identificados oficialmente. El comercio informal emerge así no simplemente como alternativa, sino como recurso indispensable para miles de hogares que no encuentran un espacio en el mercado laboral tradicional.
Este contexto sitúa el debate sobre el espacio público y la informalidad en un punto de alta tensión. La administración enfrenta el complejo desafío de controlar el uso del espacio público, responder a la percepción de desorden en la ciudad y, simultáneamente, garantizar el sustento de quienes dependen de la economía informal. Las operaciones de control y las estrategias de caracterización deberán ser evaluadas a la luz de su impacto real en la vida de estos ciudadanos, quienes, muchas veces, ven en la informalidad la única salida a la precariedad económica.
La pregunta central que se desprende de esta situación invita a reflexionar sobre el papel del Estado y sus instituciones: ¿cómo pueden las autoridades ofrecer alternativas laborales viables a quienes subsisten del comercio informal, sin vulnerar sus derechos a un ingreso digno? Este dilema sigue vigente y representa uno de los principales retos para la ciudad en el corto y mediano plazo.
¿Qué alternativas institucionales existen para los vendedores informales en Bogotá?
Una de las principales inquietudes derivadas del control al comercio informal es qué opciones concretas tienen quienes dependen de esta actividad. El Instituto para la Economía Social (IPES) aparece como una de las entidades encargadas de articular propuestas, desde la caracterización de vendedores hasta el ofrecimiento de espacios o programas, de acuerdo con la información brindada por el artículo. Entender cuáles son esos caminos, cómo pueden acceder a ellos y si de verdad representan una opción sostenible frente a la informalidad es clave para valorar la efectividad de las políticas impulsadas bajo el Plan de Desarrollo.
El contexto actual, con una informalidad elevada y una recuperación laboral insuficiente para absorber a toda la población, obliga a las autoridades a diseñar soluciones más allá del control territorial. La generación de alternativas viables para los trabajadores informales supone un reto estructural: implica no solo ofrecer oportunidades alternativas, sino también armonizarlas con los derechos y necesidades de quienes, por diferentes causas, quedaron fuera del mercado formal de trabajo.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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