La mayoría de usuarios de bancos en Colombia se quejan por el cobro del impuesto al 4×1.000 aplicado a movimientos financieros que realizan a diario los colombianos. El inconformismo de muchos tiene que ver con el destino real que tienen esos recursos y qué tan bueno uso les dan.
Sobre este impuesto, que también ha servido como bandera de muchos políticos en Colombia, hay que decir que no se queda en la banca privada, sino que esos billones son transferidos al Gobierno Nacional, que luego se encarga de su distribución.
De acuerdo con el diario La República, el dinero recaudado por este tributo se destina a alivios de deudores hipotecarios (en un 60 %), a la banca cooperativa (30 %) y a la banca pública (%).
(Vea también: Advierten de ‘movida’ en Congreso por la que subirían impuestos en Bogotá y Cundinamarca)
Para quienes no saben cómo funciona, el impuesto consiste en descontarle a cada ciudadano 4 pesos por cada 1.000 pesos de la transacción que realice. Aquí están incluidos los retiros, pagos y traslados de las cuentas; ese diario aclara que no importa el origen del dinero.
4X1.000: cobro por cajeros automáticos y cuentas de ahorros en bancos
El impuesto inició como una medida temporal en 1999 para enfrentar la crisis financiera. Sin embargo, al año siguiente pasó a ser permanente y se fijó en 2 pesos por cada 1.000 pesos por movimientos financieros.
Pese a que ha sido promesa de muchos políticos y gobiernos para desmontarlo, el cobro sigue más firme que nunca, ya completó más de 20 años, y va en el 4×1.000. De hecho, el año pasado varios sectores le pidieron al presidente Iván Duque que promoviera la eliminación del cobro para los salarios en Colombia, pero la solicitud no tuvo éxito.
“Solicitamos, de manera respetuosa, sea considerado que todo gasto salarial tenga la excepción del 4×1.000, sabemos que eso sería un recurso muy importante para nuestro segmento”, pidió la presidenta de Acopi, Rosmery Quintero, en agosto pasado.
En noviembre, incluso, desde el Congreso surgieron voces a favor de eliminar el tributo de forma gradual para que desaparezca en 2026. Sin embargo, la propuesta sigue quieta en Cámara y Senado.
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