El presidente de Skandia, Santiago García, cuestionó la legalidad del borrador de decreto que plantea trasladar $ 25 billones desde las AFP hacia Colpensiones.
Según dijo el directivo a La República, la propuesta no tiene sustento jurídico, ya que la reforma pensional aún está en discusión y solo contempla que, en ciertos casos, los recursos se trasladen al momento de la pensión y no de forma anticipada.
Además, advirtió que una liquidación masiva de activos podría afectar negativamente el mercado de capitales si no se realiza de manera gradual.
García señaló que este tipo de medidas genera incertidumbre entre inversionistas, aunque aseguró que no impactaría directamente a los afiliados en términos de sus pensiones.
También criticó las propuestas de repatriación de capitales e inversiones forzadas en Colombia, argumentando que limitan la diversificación y podrían generar distorsiones o burbujas en ciertos activos, especialmente ante la falta de suficientes proyectos rentables en el país.
Por otro lado, destacó el crecimiento del ahorro voluntario, que ha aumentado 17% desde 2023, impulsado por una mayor conciencia financiera.
Subrayó que los portafolios siguen concentrados en renta fija, aunque ve oportunidades en activos alternativos para mejorar la rentabilidad. Finalmente, anunció el lanzamiento de un nuevo producto de crédito privado llamado Impulso.
Por qué las pensiones tienen problemas en Colombia en 2026
En 2026, el sistema pensional en Colombia enfrenta varios problemas estructurales, agravados por la incertidumbre generada por la reforma impulsada por el gobierno de Gustavo Petro.
Uno de los principales conflictos es la discusión sobre el traslado de recursos desde los fondos privados hacia Colpensiones, lo que ha generado dudas legales y preocupación en el mercado financiero.
Otro problema clave es la baja cobertura: una gran parte de los colombianos no logra pensionarse debido a la informalidad laboral y a la dificultad para cumplir con las semanas requeridas. Esto hace que el sistema beneficie solo a una minoría, dejando a muchos adultos mayores sin ingresos suficientes.
Además, existe presión fiscal. El régimen público subsidia pensiones, especialmente las más altas, lo que representa un alto costo para el Estado y genera desigualdad. A esto se suma el envejecimiento de la población, que reduce la cantidad de trabajadores activos por cada pensionado.
También hay incertidumbre regulatoria, que afecta la confianza de inversionistas y administradoras de fondos privados, limitando la estabilidad del sistema. Finalmente, la falta de educación financiera y ahorro voluntario dificulta que las personas complementen su pensión, lo que agrava el problema en el largo plazo.
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