Al igual que la administración de Iván Duque, la de Gustavo Petro no ha regulado ni prohibido la operación de aplicaciones de transporte en Colombia. El Gobierno no ha tomado una decisión sobre el futuro de dichas plataformas y por eso aún se siguen presentando paros de taxistas, quienes piden frenar a Uber, DiDi, Cabify, entre otras.
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Ante esa situación, la Superintendencia de Transporte emitió una circular con la que pretende poner en cintura a los conductores de ‘apps’ por una práctica que considera ilegal e informal.
El documento, firmado por la superintendente Ayda Ospina, está dirigido a las autoridades municipales, distritales y metropolitanas de transporte, así como a la Dirección de Tránsito y Transporte (Ditra) de la Policía. Reitera el deber de la imposición de comparendos e inmovilización de vehículos por la prestación del servicio de transporte público sin autorización.
“A pesar de los reiterados pronunciamientos de esta entidad y de las claras y precisas instrucciones impartidas, así como de su carácter evidentemente vinculante y perentorio, se identifican resistencias en su aplicación por parte de algunas autoridades que apelan a interpretaciones propias de la norma”, dice el documento.
Gremio de aplicaciones rechaza medidas contra conductores de aplicaciones
Alianza In Colombia manifestó su rechazo a este acto administrativo, que exige a las autoridades “intensificar la persecución contra los conductores de vehículos particulares” que trabajan a través de plataformas, anunciando sanciones de 195 millones de pesos para las alcaldías que no instruyan a las autoridades de tránsito y presenten informes en dicho sentido.
“El camino es regular, no prohibir. Es increíble que en pleno 2024, una entidad del gobierno nacional presione a las autoridades locales para que persiga conductores que operan a través de apps, quienes hacen parte de la economía popular. En América Latina, la mayoría de países ya regularon esta actividad. Nos estamos quedando de últimos en la región”, afirmó José Daniel López, director de Alianza In.
Así mismo, López recordó el impacto social y económico de esta industria. Solo en 2023, más de 1,3 millones de cuentas prestaron uno o más servicios de movilidad con vehículo particular a través de aplicaciones y más de 22,1 millones de cuentas tomaron dichos servicios.
De acuerdo con el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito, que establece el valor de las multas de tránsito, la D12 (la aplicada a conductores de aplicaciones) es una de las más costosas. Son 30 salarios mínimos legales vigentes, es decir, $ 1’300.000.
Cuántos conductores de Uber, Didi y Cabify pueden ser multados
Esta directriz del Gobierno Petro tiene con los pelos de punta a más de 100.000 conductores en Colombia, los cuales se dedican a prestar servicios de transporte, de acuerdo con el gremio de aplicaciones Alianza In.
De esa cifra, según un estudio de Fedesarrollo, el 44 % ha dicho que quedaría completamente desocupado, el 32 % tendría otro trabajo independiente y solo el 14 % cree que podría acceder a un empleo formal, si el Gobierno Nacional toma medidas en contra de ese gremio.
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