En un intento por nivelar la competencia entre los taxistas y las plataformas de transporte como Uber, DiDi y Cabify, un proyecto de ley fue presentado ante el Senado de la República. Esta iniciativa propone que los usuarios de aplicaciones contribuyan con un porcentaje en cada viaje para apoyar a los taxistas, quienes han visto afectadas sus ganancias debido a la popularidad de los servicios digitales.
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La propuesta, conocida como el Proyecto de Ley 136 de 2024, establece la creación de un fondo de compensación para los taxistas. Este fondo sería financiado por un recargo del 1 % sobre el valor de cada viaje hecho a través de las plataformas de transporte, explicó Red Más.
La medida tiene como objetivo principal equilibrar las condiciones entre los taxistas, que están sujetos a una regulación más estricta y costos operativos más elevados, y los conductores que operan a través de aplicaciones.
El fondo de compensación busca apoyar a los propietarios de taxis que hayan adquirido sus cupos antes de la implementación de esta ley. El valor de la compensación se calcularía en función del valor promedio de los cupos en los últimos cinco años, ajustado por la inflación. Estos recursos provendrían del Fondo para la Movilidad y la Infraestructura, que se crearía con este proyecto.
La propuesta puede abrir un intenso debate entre los diferentes actores involucrados, ya que podría encarecer los servicios, afectando la demanda y, en última instancia, perjudicando a los mismos conductores aplicaciones.
Uber, DiDi y más aplicaciones quedarían reglamentadas en Colombia
El proyecto de ley también incluye la creación del Registro Único Nacional del Servicio de Movilidad Intermediado (Runsmi), una base de datos que se integraría al Registro Único Nacional de Tránsito (Runt).
Este registro sería auditado por el Ministerio de Transporte y contendría información sobre las empresas que administran las plataformas, los conductores, los propietarios de vehículos y los carros utilizados en estos servicios.
La inscripción en el Runsmi tendría una vigencia de cinco años y no implicaría exclusividad para operar con una única plataforma, permitiendo que los conductores trabajen con múltiples aplicaciones simultáneamente.
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