Un proyecto de ley que se cocina en la Superintendencia de Transporte dejaría sin operación las plataformas que hoy intermedian servicios de transporte en Colombia, como Uber, DiDi e InDriver.

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El documento señala que estas “atentan de manera directa contra la eficiente prestación del servicio de transporte público esencial y configuran una competencia desleal”.

Y agrega que afectan “la sostenibilidad de la industria del transporte público, amenazando la continuidad y regularidad del servicio básico”.

Lo anterior llevó a la SuperTransporte, dirigida por Ayda Lucy Ospina, a incluir artículos que harían inviable la operación de plataformas tipo Uber, DiDi e InDriver en Colombia.

De acuerdo con el documento, la entidad “ordenará el bloqueo de los medios de comercio electrónico o plataformas tecnológicas hasta por 30 días por evento”.

Esto se dará cuando se encuentre que los servicios ofrecidos no tengan autorización y sean realizados en vehículos particulares.

Plataformas de movilidad, en jaque

En la práctica, esto pondría en jaque a las plataformas de movilidad Uber, DiDi e InDriver, por mencionar las más conocidas en el mercado.

Para hacerlo más contundente, la SuperTransporte también prevé multas de entre $ 21,2 millones para cada uno de los operadores, administradores y agentes de la plataforma.

Sus dueños, en tanto, serían responsables de un valor mayor, el cual sería calculado según los ingresos mensuales brutos del comercio.

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De acuerdo con José Daniel López, presidente del gremio Alianza In, este proyecto acabaría con la operación de las plataformas de movilidad.

Al tiempo, dejaría a más de 100.000 personas sin fuente de ingresos, según calcula el centro de estudios Fedesarrollo .

El directivo también alertó que el proyecto de ley prevé un impacto adicional en los conductores de plataformas tipo Uber, DiDi e InDriver.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la nueva norma incluiría la inmovilización de los carros por entre uno y tres meses, dependiendo de cada caso.

Sanciones a usuarios de plataformas

Como si esto no fuera poco, el proyecto también prevé sanciones para los millones de usuarios que usan las aplicaciones de movilidad.

Quienes contraten servicios en las plataformas tipo Uber serían multados con 250 UVT, es decir, $ 10,6 millones, según el proyecto.

“La sanción será impuesta por cada vehículo usado en los servicios contratados”, señala el proyecto, con lo cual el valor a pagar por persona sería millonario si usa constantemente dichos servicios.

Si bien el borrador sigue en comentarios, el presidente de Alianza In fue enfático en decir que “en ninguna democracia seria, los gobiernos pueden bloquear contenidos de Internet, protegidos por el principio de neutralidad de red”.

Y concluyó diciendo: “Si esto se vuelve ley, tendremos un mal viaje al pasado, con más colombianos sin ingresos, menos libertades, menos economía digital y unos monopolios celebrando”.

El trabajo en este proyecto de ley sobre plataformas se da a pesar de que el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, dijo el año pasado que este Gobierno se comprometía a solucionar el futuro de las mismas.

En su momento, aseguró: “No es eliminar las plataformas por eliminarlas. ¿Cuántos colombianos hoy trabajan con estos medios? Tenemos que tomar decisiones que sean razonadas, que piensen en el principio de la justicia social”.

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Y agregó: “No podemos generar decisiones que sean incongruentes con nuestra política, ni le hagan daño a colombianos que viven de este sistema”.

Consulte en este enlace el borrador del proyecto que alista la Superintendencia de Transporte sobre las plataformas y otros temas de movilidad en Colombia.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.

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