En los últimos días, el tema de las fotomultas ha vuelto a causar un debate en Bogotá, donde miles de conductores aseguran haber sido sancionados de manera injusta. Noticias Caracol hizo un recorrido por distintos puntos de la ciudad y recogió los testimonios de ciudadanos que han recibido comparendos por exceso de velocidad, pero que cuestionan el funcionamiento de estas cámaras.
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Uno de los testimonios fue el de Uriel Guerra, un conductor bogotano que relató su experiencia en la avenida NQS. Según explicó, recibió un fotocomparendo por conducir a 57 kilómetros por hora, lo que superó el límite permitido en ese tramo.
Sin embargo, asegura que no se enteró de la notificación a tiempo y, por esa razón, no pudo acceder al beneficio de pagar la multa con descuento.
“Lo más injusto es que nunca me di cuenta cuando me notificaron. Cuando quise pagar, ya había pasado el plazo”, dijo con frustración a Noticias Caracol.
Otra conductora entrevistada expresó su inconformidad argumentando que, en su opinión, las cámaras no están calibradas correctamente, lo que causa sanciones erróneas. “No se trata de evadir responsabilidades, pero uno siente que no hay garantías. A veces parece que las cámaras están mal configuradas”, manifestó.
Algunos conductores también señalaron que en varios puntos de la ciudad no existe la debida señalización que advierta sobre los límites de velocidad o la ubicación de las cámaras. Esta situación, aseguran, los deja en desventaja frente a las autoridades de tránsito.
Un motociclista entrevistado incluso denunció que muchos de los dispositivos están “escondidos detrás de puentes, árboles o postes”, lo que impide que los ciudadanos puedan identificarlos con claridad.
¿Cuánto vale un comparendo por exceso de velocidad en Colombia?
Actualmente, el valor de un comparendo por exceso de velocidad es de $604.100. No obstante, existen beneficios económicos para quienes asisten a los cursos pedagógicos.
Si el conductor hace el curso dentro de los 11 días hábiles posteriores a la notificación, recibe un descuento del 50 %, lo que deja el valor en $302.050. Si lo hace entre los días 12 y 26 hábiles, el descuento es del 25 %. Pasado ese plazo, el ciudadano debe pagar el valor total de la multa.
Las autoridades de tránsito recuerdan que la reglamentación de las fotomultas en Colombia fue establecida en 2017. Desde entonces, la Agencia Nacional de Seguridad Vial ha autorizado la instalación de 1.125 cámaras en todo el país, las cuales funcionan las 24 horas del día.
Estas cámaras registran el material fotográfico que permite imponer los comparendos y detectar infracciones que van desde los $ 500.000 hasta más de $ 1.040.000, dependiendo de la falta cometida.
Pese a ello, el inconformismo crece entre los conductores. Algunos consideran que la medida, en lugar de enfocarse en la seguridad vial, se ha convertido en una fuente de recaudo. Otros, en cambio, defienden la necesidad de estas cámaras para reducir la accidentalidad. Según cifras oficiales, los excesos de velocidad están entre las principales causas de siniestros viales en la capital.
En Bogotá, se han impuesto más de 260.000 fotomultas por exceso de velocidad en lo que va del año, una cifra que refleja tanto el alcance de la medida como la magnitud de la inconformidad ciudadana.
Mientras tanto, el debate continúa abierto entre quienes piden mayor transparencia y pedagogía en el uso de esta tecnología, y quienes sostienen que las cámaras son un recurso fundamental para salvar vidas en las vías.
¿Cámaras de fotomultas son legales?
Sí, las cámaras de fotomultas en Colombia son legales, siempre y cuando cumplan con la reglamentación establecida por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y cuenten con autorización para su funcionamiento.
Estas deben estar debidamente señalizadas y certificadas para garantizar su transparencia. Su objetivo principal es reducir la accidentalidad y controlar infracciones como exceso de velocidad o pasarse semáforos en rojo.
Desde 2017, el Gobierno Nacional reguló su implementación y hoy operan más de 1.100 dispositivos en el país. Sin embargo, su legalidad ha generado debates por el uso indebido en algunos casos y denuncias ciudadanas.
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