El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
Un contundente golpe a las redes criminales dedicadas al hurto y comercialización ilegal de autopartes en Bogotá se produjo gracias a una serie de operativos liderados por la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), en conjunto con la Fiscalía General de la Nación. Según detalló el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de la DIJIN, la denominada Operación ‘San Antonio’ se focalizó estratégicamente en las zonas de Barrios Unidos —sectores de La Paz y 7 de Agosto— y Los Mártires, con énfasis en el sector de La Favorita, reconocidos por su actividad en la venta de autopartes.
Durante la ejecución de más de 13 diligencias de allanamiento, las autoridades lograron la captura en flagrancia de seis personas responsables de hurtar y traficar automotores y sus partes. Como parte de los resultados, se recuperaron 16 vehículos robados, entre ellos 11 automóviles, dos motocicletas, dos camiones y un bus. Además, fueron incautadas 830 autopartes, incluyendo 86 sistemas eléctricos de ignición, 16 motores de motocicletas y 324 puertas de automóviles, elementos sustraídos y destinados a alimentar el mercado ilegal.
Las investigaciones permitieron identificar que los implicados utilizaban varios locales comerciales como fachada. Según información de la DIJIN, estos establecimientos disponían de ascensores de carga especialmente adaptados para trasladar motocicletas hurtadas a pisos superiores, donde eran desmanteladas. Las piezas extraídas eran luego distribuidas a otras edificaciones, en las que, tras ser almacenadas, se vendían en locales abiertos al público, lo que facilitaba darles una apariencia de legalidad y dificultaba su rastreo por parte de las autoridades.
El impacto para las estructuras criminales no solo se evidenció en las capturas y la recuperación de bienes, sino en el debilitamiento de su flujo financiero: de acuerdo con información oficial, las incautaciones representaron un golpe importante a sus economías ilícitas, que se estiman en 4.500 millones de pesos colombianos. Adicionalmente, se reveló la apertura de un proceso de extinción de dominio contra un establecimiento comercial señalado de facilitar estas actividades delictivas, lo que refuerza el mensaje sobre la importancia de atacar la infraestructura económica de los grupos que operan al margen de la ley en la ciudad.
Los capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien avaló tanto las detenciones como los elementos incautados y avaló la imputación de cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación. Las acusaciones incluyeron receptación, fabricación y porte de armas de fuego y accesorios, así como falsedad marcaria, consolidando un caso de peso contra los responsables directos de estas acciones delictivas.
En lo concerniente al fenómeno del robo de vehículos y autopartes en Bogotá, durante el año 2025 las cifras oficiales indican que fueron robados 3.099 automotores, lo que representa un promedio diario de nueve incidentes. Si se compara con un parque automotor de aproximadamente dos millones de vehículos, la tasa de hurto se calculó en 155 casos por cada 100.000 vehículos, mostrando una notable reducción del 22,1 % en comparación con el año anterior, cuando se situaba en 199 casos. Además, la probabilidad de ser víctima de este delito disminuyó, pasando de un caso por cada 502 vehículos a uno por cada 645. La recuperación de automotores también evidenció un mejor desempeño, con un 33,8 % de esos bienes recuperados durante el año, equivalente a tres recuperaciones diarias según los datos suministrados por las autoridades.
¿Qué significa la extinción de dominio en el contexto del combate al crimen organizado en Bogotá?
La pregunta sobre el significado y alcance de la extinción de dominio resulta central, considerando que dicho procedimiento fue aplicado por las autoridades contra un establecimiento vinculado a actividades ilegales de comercialización de autopartes robadas. La extinción de dominio corresponde a la acción legal mediante la cual el Estado retira la propiedad sobre bienes que hayan sido utilizados para cometer delitos o que provengan de actividades ilícitas, sin importar si existe sentencia penal contra los dueños.
Esta medida, aplicada por la Fiscalía General de la Nación, tiene como objetivo principal debilitar la base patrimonial de las organizaciones criminales, impidiendo que sigan financiándose a través de recursos obtenidos ilegalmente. En el contexto de los operativos descritos, constituye una herramienta complementaria a las acciones policiales y judiciales, y busca evitar que los recursos fruto de actividades delictivas continúen favoreciendo a los autores de estos crímenes en Bogotá.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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